HRW acusa a ACNUR de ser cómplice de la deportación masiva de cerca de 600.000 afganos desde Pakistán

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han incurrido en abusos y amenazas en el marco de las deportaciones de cerca de 600.000 afganos desde julio de 2016, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha acusado al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de ser cómplice de la precaria situación a la que se enfrentan los inmigrantes y refugiados a su regreso a Afganistán.

En el informe 'La Coerción en Pakistán, la Complicidad de la ONU: Las Deportaciones Masivas de Refugiados Afganos', la organización ha señalado que al "destacar la repatriación voluntaria" y no instar a las autoridades paquistaníes a acabar con las medidas coercitivas, la ONU ha actuado como cómplice de los abusos acontecidos en el marco de las deportaciones en masa llevadas a cabo en la región.

HRW, que ha alertado de que los inmigrantes se enfrentan a la violencia y el desplazamiento a su regreso a Afganistán, ha asegurado que al menos 365.000 de los deportados han sido registrados por el Gobierno de Pakistán como refugiados.

"Tras décadas ofreciendo refugio a los afganos, las autoridades de Pakistán pusieron en marcha en 2016 las medidas antiinmigración más duras de todo el mundo", ha aseverado el investigador de la ONG Gerry Simpson.

"Dado que Naciones Unidas no denuncia los abusos perpetrados, la comunidad internacional debe presionar al Gobierno y a la ONU para que incrementen la protección de los inmigrantes y refugiados afganos que continúan en Pakistán", ha manifestado Simpson.

La agencia de la ONU y los donantes de fondos a nivel internacional deben presionar a Pakistán para acabar con esta situación y asegurar así que los refugiados que permanecen en el país, los cuales suponen aproximadamente 1,1 millones de personas, cuentan con un nivel mínimo de seguridad, ha instado la organización.

Varios refugiados afganos han indicado que el débil estatus legal, junto a la amenaza de ser deportados durante el invierno y la actuación policial, han provocado que no tengan más remedio que abandonar el país.

La decisión de ACNUR de doblar los fondos destinados a aquellos refugiados que abandonen Pakistán, los cuales alcanzan una cuantía de 400 dólares (375 euros) por persona, supuso una medida crítica a la hora de convencer a los inmigrantes afganos de regresar a sus lugares de origen.

VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

"En julio, una decena de policías y militares irrumpieron en mi casa a las tres de la mañana. Entraron sin preguntar y tiraron todas nuestras cosas sobre el suelo", ha explicado un joven afgano de 26 años que se ha visto obligado a regresar a Kabul, la capital afgana.

"Exigieron que enseñáramos nuestros documentos de identificación como refugiados y nos dijeron que éstos habían expirado. Luego se llevaron nuestro dinero y nos instaron a abandonar Pakistán", ha indicado.

El documento de HRW señala que la coerción del Gobierno paquistaní, que ha forzado la deportación de miles de refugiados registrados, vulnera el Derecho Internacional, que prohíbe la repatriación de personas cuya vida corre peligro.

ACNUR ha promovido la deportación mediante su actuación al respecto, ha denunciado la ONG, que ha advertido de que ésta viola los principios fundamentales de la agencia en relación con la protección de los refugiados.

REGRESO INVOLUNTARIO

El Gobierno paquistaní ha afirmado que los refugiados podrán permanecer en el país hasta diciembre de 2017, fecha tras la cual serán deportados si no han abandonado Pakistán. La agencia de la ONU, por su parte, ha asegurado que sólo ofrece apoyo económico a aquellos inmigrantes y refugiados que "tomen voluntariamente la decisión de regresar tras considerar todas sus opciones".

"ACNUR debe acabar con el relato ficticio de que el regreso masivo de afganos es voluntario", ha manifestado Simpson. "Si quiere considerar que ofrecer dinero a aquellos que regresen es la mejor forma de ayudarles a sobrevivir en Afganistán, debería al menos aceptar que ese regreso no es voluntario", ha aseverado.

Según HRW, que ha instado a la comunidad internacional a proteger a los afganos hasta que puedan regresar de forma segura, el Gobierno de Pakistán debería permitir a los refugiados permanecer en el país hasta marzo de 2019.

La Unión Europea debe garantizar que se ofrezca a los refugiados afganos el mayor estatus posible a nivel internacional, ha añadido. "Uno de los países más pobres del planeta tiene ahora que enfrentarse al regreso masivo de refugiados. No es el momento adecuado para que los estados más ricos del mundo echen más leña al fuego", ha indicado Simpson.