HRW acusa al Ejército de ejecuciones y desapariciones forzosas en el noreste de Burkina Faso

La ONG reclama a la junta militar "anclar su estrategia antiterrorista en la protección de los civiles"

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha acusado este jueves al Ejército de Burkina Faso de haber ejecutado a cerca de una decena de civiles y de estar detrás de la desaparición forzosa y supuesto asesinato de otros 18 en varios incidentes en la provincia de Séno (noreste) desde el mes de febrero.

La ONG ha indicado que las Fuerzas Armadas burkinesas estarían detrás de la ejecución sumaria de nueve hombres en tres incidentes desde dicho mes, antes de apuntar que en uno de ellos un grupo de militares dieron graves palizas a ocho niños de entre seis y 16 años.

Así, ha señalado que el Ejército habría cometido estos abusos en el marco de las operaciones antiterroristas contra grupos vinculados con Estado Islámico y Al Qaeda, en el marco de un repunte de la violencia que ha dejado cerca de 7.900 muertos y ha forzado a más de dos millones de personas a huir de sus hogares desde 2021.

"Las ejecuciones y desapariciones a manos del Ejército de Burkina Faso no sólo son crímenes de guerra, sino que alimentan el resentimiento entre las poblaciones atacadas, lo que refuerza el reclutamiento por parte de grupos armados", ha dicho la subdirectora de HRW para África, Carine Kaneza Nantulya.

Por ello, ha hecho hincapié en que "las autoridades de Burkina Faso deben anclar su estrategia antiterrorista en la protección de los civiles, el respeto de los Derechos Humanos y la rendición de cuentas por los abusos".

HRW ha detallado que entrevistó entre febrero y mayo a 30 personas con conocimiento de cuatro incidentes, incluidos ocho testigos de abusos, once familiares de víctimas, seis miembros de organizaciones de organizaciones de la sociedad civil y cinco representantes de organizaciones internacionales.

Asimismo, ha recalcado que el 14 de junio envió cartas con las conclusiones de sus investigaciones a los ministerios de Justicia y Defensa de la junta militar instaurada en 2022 para pedir comentarios sobre asuntos concretos, si bien hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna.

De esta forma, ha detallado que militares arrestaron el 3 de abril a diez miembros de la comunidad fulani cerca de la localidad de Gangaol y los introdujo en vehículos militares, tras lo que fueron trasladados a un punto situados a varios kilómetros, según testigos. "Nos sacaron de los vehículos militares y empezaron a disparar con nosotros", ha relatado un hombre de 40 años, que ha agregado que cree que los militares lo hicieron porque "creen que todos los fulani son cómplices de los combatientes islamistas".

Previamente, militares acompañados por 'voluntarios' arrestaron el 15 de febrero a 16 hombres en la localidad de Ekeou. "Los soldados llevaron con muchos 'voluntarios' de la aldea de Falagountou", ha dicho un hombre de 70 años cuyo hijo, con discapacidad visual, figuró entre los arrestados.

"Fui a la base de los 'voluntarios' (en Falagountou) para pedir información sobre mi hijo y me respondieron con amenazas de muerte", ha lamentado. El cuerpo del hijo de este hombre fue hallado el 26 de mayo junto con los de al menos otras ocho personas detenidas dicho día en Ekeou.

La organización ha señalado que todos los arrestados, torturados o asesinados a manos del Ejército burkinés en los casos documentados eran hombres fulani, también conocidos como peul. Los grupos islamistas han centrado sus esfuerzos de reclutamiento en esta comunidad debido a su histórica marginación y las denuncias sobre la falta de planes para integrarlos socialmente.

"Las autoridades de transición de Burkina Faso deben pedir asistencia de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para garantizar que el personal de las fuerzas de seguridad y las milicias responsables de graves abusos rinden cuentas y que las víctimas y sus familias ven que se hace justicia y reciben compensaciones", ha dicho Kaneza Nantulya.

Por último, ha hecho hincapié en que "las autoridades deben también garantizar que los intendentes de las autoridades locales, que tienen entre sus funciones proteger los derechos de los detenidos, son siempre incluidos en las operaciones contra la insurgencia", según un comunicado publicado por HRW.