HRW acusa a Humala de desapariciones forzosas, tortura, abusos y asesinato de civiles

Víctimas de los abusos y varios militares sostienen que el exmandatario es el conocido como 'capitán Carlos'

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch (HRW) ha acusado este viernes al expresidente de Perú Ollanta Humala de haber cometido "atrocidades" durante su etapa de militar con prácticas como la desaparición forzosa, torturas, abusos y asesinato de miles de civiles.

Humala, que desde julio se encuentra en prisión preventiva por cargos de corrupción, niega haber cometido violaciones de Derechos Humanos pero, según la ONG, existen "contundentes evidencias" que le implican directamente con estas prácticas.

En el informe titulado 'Las pruebas que comprometen a Humala: Evidencias de atrocidades y encubrimiento de abusos cometidos durante el conflicto armado en Perú', HRW expone que, en mayo de 2017, varios soldados que habían estado bajo el mando de Humala admitieron haber asesinado a detenidos, cuyos cadáveres desmembraron antes de llenarlos de piedras y arrojarlos al río Huallaga.

Otro de los soldados entrevistados por HRW ha asegurado que presenció cómo quemaban vivo a un campesino y violaban a tres mujeres, después de que Humala les dijera que las mujeres eran "regalos" y que podían hacer "lo que querían con ellas".

VIVANCO: PERÚ DEBE SALDAR SU "DEUDA HISTÓRICA" CON LAS VÍCTIMAS

En otro testimonio, un soldado ha relatado que le ordenaron torturar a hombres y niños, matarlos y quemar sus cuerpos en un campo. "El país no puede echar a perder esta oportunidad única de saldar la deuda histórica que tiene Perú con las víctimas", ha asegurado el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco.

Jorge Ávila, que estuvo detenido en una de las bases dirigidas por Humala, ha relatado que durante su cautiverio en el acuartelamiento le sometieron a descargas eléctricas mientras le sumergían la cabeza en agua.

EL "CAPITÁN CARLOS" LO SUPERVISABA TODO

Todas las víctimas y varios militares han coincidido al asegurar a HRW que Humala sería el militar mencionado como el 'capitán Carlos', quien supervisaba la base Madre Mía --donde recluían a los capturados y donde se registraban las torturas--.

La ONG ha asegurado que el propio expresidente peruano ha reconocido que en 1992 lideraba un batallón en la región y que su pseudónimo en esa época era "Carlos".

El informe de HRW ha mostrado otras evidencias como una fotografía de Humala con una camiseta con el escudo de la base 'Madre Mía' y una copia de lo que sería su foja de servicio militar --un documento militar--, que también lo sitúan en la base en ese momento.

Sin embargo, Humala ha insistido en que muchos soldados usaban el pseudónimo "Carlos".

EL MINISTERIO PÚBLICO HA INICIADO 10 NUEVAS INVESTIGACIONES

Human Rights Watch también ha denunciado el "posterior encubrimiento" de estos abusos por parte de las autoridades. Desde mayo, el Ministerio Público ha iniciado al menos 10 nuevas investigaciones, después de que numerosas víctimas hayan denunciado los abusos sufridos.

Vivanco ha instado a la justicia a "avanzar decididamente con todas las nuevas líneas de investigación". Según ha mostrado HRW en su informe, muchos de los soldados y víctimas que han denunciado formalmente a Humala se encuentran bajo un programa de protección de testigos.

HRW ha señalado que el principal obstáculo al que se enfrenta la Fiscalía es la falta de cooperación del Ministerio de Defensa, al impedir la identificación de los de presuntos responsables de estos abusos y al no brindar información ni los nombres de las personas que supervisaban las bases.

"Las autoridades peruanas deberían brindar al Ministerio Público todo el apoyo que necesita para estas investigaciones", ha sostenido Vivanco.

Sin embargo, tal y como ha relatado un ex alto oficial del Ministerio de Defensa a Human Rights Watch, se cree que muchos documentos habrían sido quemados deliberadamente.

"Todos aquellos que se nieguen a cooperar en la identificación de militares (...) que hayan podido estar involucrados en la destrucción de documentos oficiales deberían ser investigados penalmente por obstruir la justicia", ha concluido.