HRW advierte de que en Libia no se dan las condiciones para unas elecciones libres y justas

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch (HRW) ha instado a la ONU a urgir al Gobierno de Libia reconocido internacionalmente y a las autoridades en el este del país, apoyadas por el general Jalifa Haftar, a promover las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones libres y justas antes de apresurarse a convocar unos comicios para 2018.

"Tres elementos esenciales deberían ser respetados: la protección del derecho a reunión y a la libre expresión, la aplicación de normas que no sean ni discriminatorias ni arbitrarias en lo concerniente a excluir (del proceso electoral) a votantes potenciales o a candidatos y el respeto al estado de Derecho, acompañado de una Justicia eficiente que esté preparada para solucionar de manera equitativa las disputadas en torno a las elecciones", ha explicado la organización en un comunicado este miércoles.

HRW ha denunciado que, a pesar del acuerdo para celebrar unos comicios en 2018 al que llegaron el primer ministro libio, Fayez Serraj, y el comandante de las Fuerzas Nacionales Libias situadas en el este del país, Jalifa Haftar, no se dan actualmente las condiciones necesarias para llevarlas a cabo. "No hay ningún plan integral o garantías para proteger el derecho a la libertad de asociación y reunión y el estado de Derecho", ha destacado la ONG.

La organización ha recordado cómo los enfrentamientos que siguieron a las últimas elecciones en el país --celebradas en 2014-- causaron el colapso de las autoridades centrales, de las instituciones principales y de la judicatura.

El sistema de Justicia no funciona, según la organización. Los tribunales en el este y en el sur del país han cerrado y en el resto de Libia trabajan a la mitad de su capacidad. Las autoridades carcelarias mantienen a personas detenidas durante largos periodos de tiempo sin presentar cargos. Además, los grupos armados han agredido de forma sistemática a periodistas, jueces, activistas y defensores de los Derechos Humanos.

Por si eso fuera poco, el Código Penal incluye sanciones penales por insultar a Libia como país y a la bandera, así como por verse envuelto en protestas. A su vez, la Justicia libia estipula la pena de muerte por "promocionar teorías o principios" que tengan por objetivo derribar el sistema político, social y económico, según HRW.

ESFUERZOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR LIBIA

El representante especial del secretario general de la ONU y el jefe de Misión de Apoyo de la organización en Libia, Ghassan Salamé, anunció en septiembre de 2017 un nuevo Plan de Acción para Libia.

Este incluía reformas limitadas al Acuerdo Político Libio, la celebración de una conferencia nacional y de un referéndum constitucional y la aplicación de una legislación que se preste a la celebración de comicios parlamentarios y presidenciales. Aunque el plan contó con el apoyo de Estados Unidos y la UE, no se ha anunciado ningún plazo en el que se vaya a poner en marcha.

La Alta Comisión Electoral Nacional fue establecida en enero de 2012 por el Consejo Nacional Transitorio y anunció el comienzo del proceso electoral oficial para el 7 de diciembre de ese mismo año. La finalización del plazo para el registro de votantes se ha aplazado varias veces.

La Comisión Electoral no ha clarificado el marco legal en el que los partidos se van a mover para poder participar en los comicios y tampoco se ha pronunciado sobre cómo se pueden desplazar observadores independientes e internacionales a todas las áreas donde se van a celebrar las elecciones, según ha manifestado HRW.

El conflicto en Libia ha dado como resultado dos gobiernos paralelos que, actualmente, compiten por legitimidad: el dirigido por Fayez Serraj, que cuenta con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU y de Europa, y el encabezado por Jalifa Haftar, basado en la zona oriental del país.

Desde que comenzaron los enfrentamientos en 2014, "los grupos armados han secuestrado, arrestado de manera arbitraria, torturado, obligado a desplazarse y matado a miles de personas con impunidad", ha denunciado HRW. El balance de la organización es el siguiente: "El conflicto prolongado ha diezmado la economía y los servicios públicos y ha convertido en desplazados a 165.000 personas".