MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha criticado este martes al Gobierno de Estados Unidos por no haber abierto una investigación penal sobre la tortura llevada a cabo por agentes de la CIA tras los atentados del 11-S y ha desestimado los obstáculos legales que supuestamente impiden hacerlo.
En el informe 'No más excusas: una hoja de ruta hacia la justicia para las torturas de la CIA', la ONG ha asegurado que hay pruebas suficientes para que la Fiscalía ordene la investigación de altos funcionarios del país y del resto de responsables. Además ha cuestionado las afirmaciones de que los juicios no son legalmente viables.
"Sin investigaciones penales, que eliminarían la tortura como una opción política, el legado de Obama quedará manchado para siempre", ha destacado el director de HRW, Kenneth Roth.
"Si Estados Unidos, con su democracia establecida y sus sistema político estable, puede incumplir su obligación legal de procesar la tortura, socava el respeto por el imperio de la ley en todo el mundo", ha advertido.
"Ha pasado un año desde el informe del Senado sobre la tortura y aún el Gobierno de Obama no ha abierto nuevas investigaciones penales sobre las torturas de la CIA", ha recordado Roth. En diciembre de 2014, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos difundió un documento aún confidencial que reveló que los abusos por parte de la CIA eran una práctica más brutal, sistemática y extendida de lo que se había informado anteriormente.
NO ERAN EFICACES
Asimismo, HRW explica que ofreció nuevos detalles sobre métodos de los que se desconocía su uso, como la alimentación rectal, y sobre el impacto que tenían las posiciones dolorosas y la privación del sueño sobre los detenidos. Además, el informe del Senado concluyó que 'las técnicas de interrogatorio mejoradas' no eran eficaces para obtener mayor inteligencia. Sin embargo, no evaluó la legalidad del programa.
La ONG ha menospreciado el argumento de que el Departamento de Justicia ya investigó en 2009 los abusos de la Inteligencia, asegurando que las pesquisas solo se centraron en las acciones más allá de las "autorizadas", en lugar de en todas las torturas y malos tratos de la agencia, y que no hay indicios de que se entrevistara a los exdetenidos.
El resumen del Senado evidencia que los funcionarios de la Inteligencia sabían desde el principio que estas prácticas supondrían una violación de la legislación contra la tortura --ratificada por Estados Unidos en 1988-- y que algunos intentaron obtener garantías contra un posible proceso penal, según ha explicado HRW en un comunicado.
La organización también ha rechazado la idea de que algunos de los crímenes se cometieran hace más de una década, ya que "la prescripción usual federal de cinco año no es un impedimento para los delitos de tortura y conspiración para tortura en los casos que hay un riesgo previsible de que pudieran producirse lesiones físicas graves o la muerte, ni para ciertos cargos de abuso sexual".
JURISDICCIÓN UNIVERSAL
HRW también ha instado al Gobierno estadounidense a cumplir con sus obligaciones legales de "proporcionar reparación a las víctimas" y ha especificado las acciones que deben emprender otros países para reivindicar las investigaciones penales sobre el asunto.
"Ante la negativa de Obama de investigar y procesar a altos funcionarios responsables de estos graves delitos, otros países deberían proceder", ha subrayado Roth. HRW ha hecho referencia a la cláusula de jurisdicción universal, que obliga a todos los gobiernos a procesar a los sospechosos que entren en su territorio, independientemente donde tuvo lugar la tortura.