HRW denuncia la arbitrariedad de los jueces iraquíes en los procesos contra supuestos miembros de Estado Islámico

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes la arbitrariedad y falta de garantías legales de los juicios que se están llevando a cabo en Irak y el Kurdistán contra miles de sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico, algo que afectaría tanto a los enjuiciados como a las víctimas.

HRW ha puesto de manifiesto esta situación en un informe titulado 'Justicia imperfecta: rendición de cuentas por los crímenes de Estado Islámico en Irak', en el que ha advertido del caótico enfoque y las graves violaciones al debido proceso que se están cometiendo en el país.

Las personas identificadas erróneamente como sospechosos pueden pasar meses en detención arbitraria y las víctimas no pueden participar en los juicios, ni siquiera como testigos, ha indicado HRW. Tras analizar las detenciones, investigaciones y enjuiciamientos que están realizando las autoridades, la organización ha alertado de que estas graves deficiencias enturbian los esfuerzos realizados hasta ahora para llevar a estas personas ante la Justicia.

HRW ha criticado la falta de una estrategia nacional para garantizar el enjuiciamiento creíble de los responsables de los crímenes más graves. Los juicios están tratando todos los casos por igual --en el marco de la ley general antiterrorista-- sin estudiar las circunstancias ni el nivel de implicación de cada sospechoso, ha reprochado.

La organización también ha denunciado la incapacidad de la Justicia para presentar cargos que plasmen la amplia gama de delitos que han cometido los miembros de Estado Islámico. La organización ha explicado que los acusados están siendo enjuiciados por su afiliación al grupo terrorista, pero no se están analizando las acciones o delitos específicos que hayan cometido.

Esta situación, ha alertado, podría afectar a la futura reinserción social de estas personas e incluso podría bloquear los tribunales y prisiones iraquíes durante décadas, debido al elevado numero de juicios que se están celebrando.

La directora para Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, Sarah Leah Whitson, ha calificado esta situación como una "oportunidad perdida" para mostrarle a los iraquíes, al mundo y a Estado Islámico que Irak "es una nación gobernada por leyes, por el debido proceso y la Justicia".

Whitson ha resaltado la importancia de demostrar que el país es capaz de asegurar la rendición de cuentas por los crímenes más graves y la reconciliación. "La Justicia iraquí no distingue entre la culpabilidad de los médicos que protegieron vidas bajo el control de Estado Islámico y los responsables de crímenes de lesa humanidad", ha lamentado.

AL MENOS 20.000 DETENCIONES

La ONG ha contabilizado al menos 7.374 personas detenidas desde 2014 y ha asegurado que 92 de ellas han sido condenadas a muerte y ejecutadas. A partir de los gatos ofrecidos por el Gobierno, los investigadores han estimado que un total de 20.000 personas habrían sido detenidas por pertenecer a Estado Islámico.

La organización ha señalado que las autoridades detienen a los sospechosos de forma violenta, al tiempo que ha explicado que ni siquiera protegen a los niños y permiten que presencien todo.

Para HRW, las autoridades están ignorando las garantías de la ley iraquí, que asegura la comparecencia de los detenidos ante un juez dentro de las primeras 24 horas, permite contar con la asistencia de un abogado durante los interrogatorios y notificar a las familias la detención, así como permitir que las familias se comuniquen con los detenidos.

Además, HRW ha podido acceder a varios detenidos que han asegurado que fueron torturados para que confesaran su pertenencia a Estado Islámico. Todo ello, ha permitido que los jueces acusen a personas que no han estado involucradas en actos violentos, sino que solo serían miembros o habrían ofrecido apoyo al grupo, al vivir en zonas bajo su control y ser presionados.

Entre las personas enjuiciadas se incluyen médicos que trabajan en hospitales tomados por Estado Islámico o cocineros que prepararon comidas para los combatientes. Las leyes antiterroristas del país contemplan condenas severas, como la cadena perpetua y la pena de muerte, incluso por el cargo de afiliación a la agrupación terrorista, ha recordado.

"Ayer tuve el caso de un cocinero de Estado Islámico y recomendé que se le aplicara la pena de muerte. ¿Cómo podría un combatiente de Estado Islámico haber matado a alguien si no ha comido una buena cena la noche anterior?", ha declarado un juez especializado en terrorismo a HRW.

LEY ARBITRARIA

La ONG ha denunciado asimismo la actuación de los jueces al contrastar que están haciendo un uso arbitrario de la Justicia. Según la Ley de Amnistía General aprobada en 2016, los sospechosos que demuestren que se unieron al grupo en contra de su voluntad y que no participaron en ciertos actos violentos tendrían el derecho a ser liberados tras ser condenados. Sin embargo, los jueces no aplican esta normativa.

Por su parte, el Gobierno kurdo ha señalado que no ha aprobado ninguna ley de amnistía para los detenidos o sospechosos de pertenecer a Estado Islámico ni lo contempla.

HRW ha instado a las autoridades a retirar los cargos contra las personas que, aún bajo la obligación de mostrarse fieles al grupo terrorista, contribuyeron a proteger los Derechos Humanos de civiles, prestando atención médica u otros servicios de asistencia social.

La organización ha subrayado que para los niños, en particular, las autoridades deberían considerar alternativas a la detención y el enjuiciamiento penal y desarrollar programas de rehabilitación y reinserción.

Whitson ha explicado que la ley de amnistía de Irak no es un sustituto para una estrategia nacional que garantice juicios justos y ha destacado que Irak "necesita un plan para la reconciliación y la búsqueda de la verdad", así como para "encerrar a los peores criminales en la cárcel".

El primer ministro iraquí, Haider al Abadi, ha negado estas acusaciones y ha sostenido que las autoridades no han celebrado ningún juicio sin pruebas. Además, en respuesta a la acusación lanzada por HRW al señalar que los jueces no aplican el Código Penal para condenar a los detenidos, las autoridades judiciales iraquíes han asegurado que no lo hacen porque no es necesario.