HRW denuncia que las autoridades de Túnez encarcelan y procesan a políticos, civiles y periodistas

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW), especializada en la situación de los Derechos Humanos en todo el mundo, ha denunciado este miércoles que las autoridades de Túnez están encarcelando y procesando a políticos, civiles y periodistas por críticas al presidente del país, Kais Saied.

"Desafiar públicamente al presidente y su toma de poderes especiales es arriesgarse a encontrarse en un tribunal", ha dicho el director de HRW para Oriente Próximo y el norte de África, Eric Goldstein, que ha añadido que "silenciar a las voces críticas es doblemente peligroso en un momento en que el presidente está ocupado concentrando tanto poder en sus propias manos".

Estos cargos incluyen "insultar al presidente", en virtud del artículo 67 del Código Penal tunecino; "acusar a funcionarios públicos de delitos relacionados con su trabajo sin aportar prueba de culpabilidad", por el artículo 128 y atacar "la forma de gobierno o incitar a las personas a que tomen las armas", por el artículo 72.

HRW ha denunciado que las autoridades de Túnez estarían utilizando estas leyes represivas, promulgadas antes de la revolución tunecina, para perseguir a quienes critican al presidente y califican de "golpe" su toma de poder.

De los cinco casos de discursos recientes que ha revisado la organización, una persona se encontraría actualmente cumpliendo sentencia de prisión por insultar al presidente, entre otros cargos, mientras que tres personas estarían siendo procesadas por difamar al Ejército (artículo 91 del Código de Justicia Militar) e insultar al presidente.

Asimismo, HRW ha recordado que las críticas al presidente corren el riesgo de ser enjuiciadas como delito dentro del Código de Justicia Militar, ya que Saied es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, según la Constitución de Túnez,

"El Código de Justicia Militar castiga con hasta tres años de prisión 'a toda persona, militar o civil, que denigre la bandera, difame al ejército o incite al personal militar a desobedecer o criticar a los líderes militares'", ha dicho HRW en el comunicado.

La organización denuncia que las leyes "represivas", incluidas aquellas que penalizan las críticas a las instituciones estatales, han permanecido en vigor a pesar de que la Constitución de Túnez de 2014 protege la libertad de expresión, y ha recordado que todavía no existe un tribunal superior en funcionamiento que esté facultado para ordenar la derogación de estas leyes.

Selim Jebali, un popular 'bloguero' que escribe sobre política en su página de Facebook 'El Ministro de la hipertensión y la diabetes', fue arrestado por la Policía de El Kef, ciudad al noroeste del país, por tres comentarios que hizo entre el 25 de julio y el 6 de octubre, según dijo su abogado a HRW, en los que decía que Saied era "un perro" y "un golpista".

El Tribunal Militar Permanente de Primera Instancia de la ciudad de Kef condenó a Jebali el 13 de octubre a un año de prisión por "insultar al presidente", "difamar al ejército" y "acusar a funcionarios públicos de delitos relacionados con sus trabajos sin aportar pruebas de culpabilidad", aunque posteriormente, en noviembre, un tribunal de apelaciones redujo la sentencia a seis meses.

HRW detalla otros dos casos, el de un presentador de televisión, Amer Ayed, y un miembro del parlamento de la coalición Karama, que fueron arrestados en octubre en sus casas, respectivamente, acusados de difamar al presidente, según dijo uno de los abogados a HRW.

Ambos habían aparecido juntos en un programa de televisión en el que dijeron que Saied era un "manipulador" y criticaron al presidente. Las autoridades arrestaron e interrogaron a ambos hombres por separado, en ausencia de sus abogados.

Más tarde, un juez de instrucción del Tribunal Militar Permanente de Primera Instancia de Túnez acusó a ambos de "insultar al presidente", mandando a prisión a Ayed y liberando provisionalmente a Aloui. A finales de noviembre, el mismo tribunal liberó provisionalmente a Ayed y pospuso el juicio al 20 de enero de 2022.

"Permitir el enjuiciamiento de civiles ante un tribunal militar es una violación del derecho a un juicio justo y de las garantías del debido proceso", ha dicho HRW.