MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el activista anglófono camerunés Abdul Karim Alí se encuentra de nuevo detenido por las autoridades en lo que la ONG ha denunciado como un "secuestro", en el marco de la campaña de abusos de la que ha acusado a las fuerzas militares del país en su lucha contra el separatismo en las regiones de mayoría de habla inglesa.
Según la ONG, Alí fue "secuestrado" el 11 de agosto en el barrio de Ntamulung en Bamenda, región Noroeste. Su esposa no recibió el permiso para verle hasta dos días después, en una situación que recuerda a su detención previa en septiembre de 2019 cuando, de acuerdo con Human Rights Watch, estuvo cinco días sin acceso a un abogado.
Los abogados de Alí han asegurado a Human Rights Watch que fue interrogado en su ausencia, en violación de la ley camerunesa. Si bien no hay cargos oficiales contra Alí, se le ha comunicado que está acusado de "apología del terrorismo" por poseer un video en su teléfono que muestra presuntos abusos contra los Derechos Humanos cometidos por un soldado camerunés contra civiles en las regiones de habla inglesa del país.
"Los abogados de Alí han asegurado que está detenido en condiciones deplorables, en una celda de seis metros cuadrados sin ventanas, inodoro ni colchones, y comparte la celda con otros 12 detenidos", asegura la ONG.
La semana pasada, HRW acusó a militares cameruneses de la ejecución sumaria de una decena de personas durante sus operaciones contra la insurgencia en la región separatista de Noroeste entre el 24 de abril y el 12 de junio.
El informe de la organización acusaba también a los militares de todo un espectro de abusos: les responsabilizó de quemar una docena de viviendas, de saquear centros médicos, de detener de manera arbitraria al menos a 26 personas y de participar en la desaparición forzada de hasta 17 otras.
Todo ello durante las operaciones militares contra los grupos independentistas de las dos regiones de habla inglesa de Camerún, Noroeste y Suroeste, que a su vez también han sido acusados por la organización de graves abusos cometidos durante el mismo período, incluidos asesinatos y secuestros de civiles y ataques contra estudiantes, maestros y escuelas.
La violencia ha causado unas 6.000 muertes, casi 600.000 personas desplazadas internamente dentro de las regiones angloparlantes y vecinas, y más de 77.000 personas se han visto obligadas a convertirse en refugiados en Nigeria. Se trata, según Naciones Unidas, de una de las crisis más olvidadas del mundo.