HRW denuncia la existencia de un "campo de rehabilitación" en Irak para familiares de miembros de Estado Islámico

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves la existencia de un "campo de rehabilitación" en la provincia de Nínive, en el norte de Irak, para supuestos familiares de miembros del Estado Islámico que podría constituir un crimen de guerra porque las personas, principalmente mujeres y niños, son retenidas contra su voluntad sin que haya pruebas de que hayan participado en alguna acción ilegal.

En junio, el Gobierno de Mosul, 'capital' iraquí del autoproclamado califato, emitió un decreto por el que ordenaba que las familias de los combatientes del Estado Islámico se sometieran a "una rehabilitación ideológica y psicológica". Un mes después, se abrió el primer "campo de rehabilitación" de Irak en la localidad de Bartalla, ubicada a 14 kilómetros de Mosul.

Según la organización humanitaria, al menos 170 familias han sido realojadas en el "campo de rehabilitación", sobre todo mujeres y niños procedentes de Mosul --entre ellos una veintena de menores no acompañados-- que han sido trasladados allí contra su voluntad a la espera de que las autoridades comprueben que no tienen ningún vínculo con el grupo terrorista.

Una de las mujeres con las que ha podido hablar HRW ha contado que el año pasado consiguió el divorcio en un tribunal islámico gestionado por Estado Islámico, tras lo cual el juez la retuvo como esclava sexual. El juez y su familia acabaron huyendo ante la llegada de las fuerzas iraquíes y sus aliados y la dejaron encerrada en la casa. Cuando las tropas gubernamentales la descubrieron, pensaron que era una simpatizante yihadista y la trasladaron a Bartalla.

El "campo de rehabilitación" está pensado para albergar a 2.800 familias pero, de acuerdo con HRW, no cuenta con las instalaciones necesarias. Solo tiene una clínica móvil y unos servicios humanitarios muy limitados. De hecho, los trabajadores de Bartalla han revelado que al menos diez mujeres y niños han muerto durante el traslado o ya en el campo, en la mayoría de los casos por deshidratación.

El campo está financiado por el Ministerio para Desplazados y Migraciones de Irak y la Policía y las Unidades de Movilización Popular, una milicia local, se ocupan de la seguridad en el mismo. Aunque casi todos sus habitantes son mujeres, no hay ninguna agente, "lo que aumenta la preocupación por posibles casos de violencia de género", ha señalado HRW.

"Las autoridades iraquíes no pueden castigar a familias enteras por las acciones de sus familiares", ha dicho Lama Fakih, subdirectora de HRW para Oriente Próximo. "Estos campos no tienen nada que ver con la rehabilitación, sino que son centros de detención para adultos y niños que no han sido acusados de nada y deben ser libres para ir donde puedan vivir seguros", ha añadido.

Fakih ha advertido de que "estos actos abusivos", no solo "socavan los esfuerzos para promover la reconciliación nacional en las zonas liberadas del Estado Islámico", sino que podrían constituir crímenes de guerra, porque, según el Derecho Internacional, las sanciones solo pueden imponerse de forma individual, no colectiva, y por las autoridades competentes, es decir, tribunales de justicia.

DESPLAZAMIENTOS FORZADOS

Por otro lado HRW ha llamado la atención sobre los desplazamientos forzados de supuestos familiares de terroristas del Estado Islámico que se están dando en Nínive y en otros lugares del norte de Irak con la connivencia de las autoridades.

En muchos casos, los gobiernos municipales y regionales han emitido decretos instando a estas personas a abandonar sus hogares y en otros han permitido que milicias locales lleven a cabo ataques, incluso con granadas, contra estas familias. "Como consecuencia de ello, muchas se han visto obligadas a ir a campos para desplazados", ha dicho HRW.

"Las leyes de la guerra prohíben tajantemente el desplazamiento forzado de civiles salvo cuando es necesario para proteger a la población civil o por necesidades militares y solo durante el tiempo necesario", ha recordado la ONG, subrayando que, en todos los demás casos, constituye un crimen de guerra.

HRW ha instado al Gobierno de Haider al Abadi a emitir un decreto que prohíba la evacuación forzosa de supuestos familiares del Estado Islámico y sancione a las autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad que participen en estas acciones.