HRW denuncia las irregularidades del sistema judicial saudí tras la ejecución de 47 reos

NUEVA YORK, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ejecución de 47 hombres en Arabia Saudí este sábado, incluido el clérigo disidente chií Nimr al Nimr, ha marcado la cifra más elevada de ajusticiados en el país durante una sola jornada desde 1980, según ha informado Human Rights Watch (HRW) este domingo. En 2015 Arabia Saudí ya tuvo el mayor número de muertos por la pena capital en 20 años, con 158 personas fallecidas.

"Arabia Saudí ha tenido un vergonzoso inicio de 2016, ejecutando a 47 personas en un solo día, tras un año con una de las cifras de ejecutados más alta de la historia reciente", ha declarado la directora de HRW para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson. "La pena de muerte nunca es la respuesta ante un crimen y ejecutar prisioneros en masa no hace más que poner evidencia la preocupante situación de los Derechos Humanos en el país", ha añadido.

"La ejecución de un conocido clérigo chií tras un juicio injusto solo añade más leña a la discordia entre facciones religiosas ya existente", ha aseverado Whitson. "El camino para la estabilidad en la Provincia Oriental de Arabia Saudí radica en el fin de la discriminación de la minoría chií, no en las ejecuciones", ha sentenciado.

Las ejecuciones se han llevado a cabo dentro de las mismas prisiones donde se encontraban encarcelados los condenados, situadas en doce provincias diferentes del país. La mayoría han sido decapitados, con excepción de cuatro de ellos que han sido ajusticiados por pelotones de fusilamiento, según ha podido confirmar Reuters.

La totalidad de los 47 ejecutados habían sido condenados por cargos de terrorismo, según ha recogido la agencia de noticias estatal saudí, SPA, que ha señalado además que la mayoría pertenecían al grupo terrorista Al Qaeda y que cuatro pertenecían la rama chií del Islam.

De estos últimos destaca el clérigo Nimr al Nimr, sentenciado a muerte en 2014 tras ser declarado culpable de una serie de cargos fundamentados en su crítica pacífica a las autoridades saudíes.

UN JUICIO INJUSTO

Los cargos contra Al Nimr incluían el delito de "terrorismo", que se añade a los formulados previamente: "buscar la intervención extranjera en Arabia Saudí" así como delito de desobediencia, levantamiento en armas contra las fuerzas de seguridad y destrucción de la propiedad pública durante las protestas de 2011 y 2012.

El procedimiento que ha seguido el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí, que desarrolló su juicio en trece sesiones a lo largo de un año y medio, ha sido objeto de serias dudas acerca de la equidad del sistema, dada la vaguedad de los cargos de los que se le acusaban, que no hacían referencia explícita a ningún crimen existente en el Código Penal, y comparecencias ante el tribunal de las que su abogado no era informado.

El arresto de Al Nimr se produjo en junio de 2012 y fue retenido durante ocho meses antes de ser acusado de cargo alguno, a pesar de que fue calificado como un "instigador de la discordia y los disturbios" por el Ministerio del Interior tras su detención. Durante ésta, las autoridades afirman que el clérigo se resistió y embistió contra el vehículo de las fuerzas de seguridad en el proceso, algo que dio lugar a un tiroteo durante el que Al Nimr resultó herido.

Supuestas fotos del incidente no tardaron en ver la luz en los medios locales, en los que se podía apreciar cómo arrojaban al clérigo, herido, a la parte trasera del coche con la túnica blanca ensangrentada.

Human Rights Watch ha obtenido por su parte una declaración de un familiar de Al Nimr en la que revela que el clérigo no poseía ningún arma, además de negar la versión oficial del arresto. A esto se suman los testimonios de activistas locales y otros miembros de la familia de Al Nimr, que reiteran el pacifismo del clérigo y su rechazo a cualquier medio violento en la oposición al Gobierno.

El medio británico BBC ha publicado a su vez unas declaraciones del clérigo en las que afirmaba que era más poderoso "el rugir del mundo contra las autoridades antes que las armas". "La palabra es un arma más fuerte que cualquier bala, porque las autoridades se beneficiarán de una batalla de ese tipo", sostenía.

UN DÍA ANUNCIADO

Las autoridades del país ya habían advertido en noviembre de que llevarían a cabo las ejecuciones de este sábado. El periódico 'Okaz' informó concretamente de que se ejecutaría a 55 hombres "pertenecientes a Al Qaeda y (residentes en) Awamiya", la ciudad chií de la Provincia Oriental de donde era originario Nimr al Nimr.

Dicho anuncio no especificaba qué preso había sido condenado por qué crimen, aunque sí señalaba que cuatro de los 47 habían sido sentenciados por crímenes 'had', un tipo de transgresión para los que la ley islámica dictamina una categoría de castigo especial, entre los que se incluye la muerte, mientras que el resto habían sido condenados a la pena capital basados en las sentencias de sus procesos judiciales.

La prensa saudí ha relacionado a los hombres ejecutados con una serie de atentados de Al Qaeda perpetrados entre 2003 y 2004, haciendo mención especial a la cadena de asaltos coordinados en los complejos residenciales de Al Hamra, Vinnell e Ishbilia ubicados en la capital saudí, Riad, en mayo de 2003.

A estos se sumarían los perpetrados contra la Empresa Árabe de Inversión Petrolera (APICORP) y el complejo residencial de Al Waha en la provincia de Jobar, en 2004, los atentados con bomba en la sede la Administración Pública de Tráfico y el edificio de las Fuerzas de Emergencia en la capital en 2004, así como el que se produjo contra el Consulado estadounidense en Yida ese mismo año.

DISCRIMINACIÓN

Arabia Saudí, país de mayoría suní, discrimina de manera sistemática a la población chií que vive en el reino y que representa entre un 10 y 15 por ciento de la población total. Los chiíes tienen menos oportunidades de entrar en el sistema de educación público así como de optar a cargos públicos, no reciben un trato igualitario en los procesos judiciales y su capacidad de profesar su religión de manera libre se ve coartada ante la anecdótica concesión de permisos de construcción para sus mezquitas por parte del Gobierno.

En este clima de discriminación, el arresto de Al Nimr provocó una ola de protestas en su ciudad, Awamiya, en el distrito de Qatif, que había sido el epicentro de manifestaciones contra el Gobierno desde 2011 en el año de la Primavera Árabe.

Algunos de los activistas locales, que han decido mantenerse en el anonimato por miedo a ser arrestados, han relatado a HRW que Al Nimr tenía una fuerte base de seguidores entre la juventud chií debido a su crítica abierta a las políticas gubernamentales y su defensa de los derechos de la población chií.

De esta manera, tras su ejecución, la presencia de fuerzas de seguridad en la ciudad de Qatif era significativa frente a las masas que se reunían en protesta por la muerte de Al Nimr, según ha informado el medio online de noticias Middle East Eye.

JUSTICIA PARCIAL

Además, HRW ha documentado las continuas violaciones presentes en el sistema judicial saudí. Un conjunto de prácticas discriminatorias que vuelven extremadamente difícil tener un juicio justo incluso en casos tan extremos como aquellos que pueden significar la pena de muerte.

Un análisis del grupo publicado en septiembre reveló serias dudas en cuatro procedimientos penales abiertos contra manifestantes chiíes ante la Tribunal Penal Especializado.

Cargos vagos en su formulación, prohibición del acceso a un abogado durante el arresto y durante su detención, descarte de acusaciones de tortura sin que mediara una investigación y confesiones que los acusados confirmaron que fueron obtenidas por medios coercitivos, son algunos de los aspectos que la ONG registró durante estos juicios.