Actualizado: viernes, 26 agosto 2016 7:17

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este viernes la muerte de una niña de cinco años de edad en el marco de la 'guerra contra las drogas' lanzada por el Gobierno de Filipinas.

La ONG ha detallado que Danica May murió tiroteada después de que hombres no identificados abrieran fuego contra su abuelo Máximo García, días después de que este se registrara ante la Policía tras ser acusado de narcotráfico, algo que él niega.

García resultó herido en el tiroteo tras recibir un balazo en el abdomen, mientras que la Policía ha atribuido el incidente a "narcotraficantes" sin identificar.

HRW ha resaltado que el tiroteo tuvo lugar el mismo día en que el secretario del Departamento de Justicia de Filipinas, Vitalino Aguirre, defendió las muertes registradas durante la 'guerra contra las drogas' lanzada por el presidente, Rodrigo Duterte.

Por ello, la organización ha lamentado que las palabras de Aguirre apuntan a que May "podría no ser el último niño que es víctima" de esta situación en el país asiático.

HRW reclamó el lunes rendición de cuentas por parte del Gobierno filipino ante los cientos de muertos que se han registrado en operaciones de la Policía Nacional contra presuntos narcotraficantes desde que Duterte accedió al poder, hace unos siete meses.

La propia Policía ha confirmado una impactante cifra de muertos --más de 700-- en la 'guerra contra las drogas' lanzada por el presidente incluso antes de ser elegido. La Policía estima que entre el 1 de julio y el 19 de agosto han muerto unos 712 presuntos consumidores y traficantes de narcóticos.

El mes pasado, Duterte instó a los filipinos que conocieran a cualquier drogadicto a matarlo directamente, provocando que la relatora especial de la ONU en ejecuciones sumarias, Agnes Callamard, acusara al presidente filipino de garantizar, tanto a la policía como a los civiles, una "licencia para matar".

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) ha expresado su preocupación ante el creciente número de delincuentes muertos, por lo que ha establecido un grupo de trabajo para evaluar las ejecuciones extrajudiciales.

Asimismo, numerosas organizaciones en favor de los Derechos Humanos han criticado esta política del Gobierno de Duterte, acusándola de enfocarse en los pequeños narcotraficantes en lugar de desarrollar una estrategia para acabar con los máximos responsables del tráfico de drogas en el país.

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