PEKÍN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que los tribunales chinos de las provincias de Guangdong y Sichuan condenaron ayer a tres activistas por motivos meramente políticos, en el marco de una ola de "represiones despiadadas" contra la disidencia en el gigante asiático.
La activista por los derechos de la Mujer Su Changlan y el escritor Chen Qitang fueron condenados a tres y cuatro años y medio, respectivamente, por "incitar a la subversión del poder del Estado". El tribunal de Foshan alegó que los activistas publicaron y compartieron en Internet artículos difamatorios que atacaban el socialismo e incitaban a la subversión. Según su abogado, Liu Xiaoyuan, las detenciones fueron resultado de su activismo y de apoyar protestas.
Asimismo, el artista Chen Yunfei fue condenado por el tribunal de Wuhou a cuatro años de cárcel por "ser un alboratador y provocar problemas". Su condena se relaciona con varios tweets críticos con el Gobierno de China y con sus perfomances artísticas.
"Encerrar activistas por apoyar la democracia en Hong Kong o por conmemorar la masacre de Tiananmen muestra lo nervioso que está el Gobierno de China ante los que promueven el respeto a los derechos", ha comentado Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch en China. "El Gobierno debería estar liberando a estos y otros activistas detenidos, no castigandolos", ha añadido.
Según HRW los procesamientos de los tres activistas estuvieron repletos de irregularidades y violaciones del procedimiento. Entre otras violaciones, la ONG denuncia que las autoridades les negaron acceso a los abogados, prolongaron la detención previa al juicio y negarón cuidados médicos adecuados a Su.
Desde que el presidente de China, Xi Jinping, asumió el poder en marzo de 2013, su gobierno ha incrementado la hostilidad hacia la disidencia pacífica, la libertad de expresión y religión, en palabras de la organización.
"Mientras el presidente Xi se posiciona como un lider global, sus represiones despiadadas contra activistas y defensores de la ley demuestran su falta de confianza en el sistema político de China", ha concluido Richardson.