MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha afirmado este miércoles que la petición de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de investigar el conflicto librado en el verano de 2008 entre Rusia y Georgia "podría abrir una ventana a la justicia".
La Fiscalía anunció su examen "preliminar" sobre el conflicto en agosto de 2008 y, tras analizar la información "disponible", la actual fiscal jefe, Fatou Bensouda, ha confirmado en un comunicado que existen dudas "razonables" de que pudieron haberse cometido graves delitos.
"La justicia por la muerte y las expulsiones (durante el conflicto) ha estado bloqueada por la falta de progresos en las investigaciones en Georgia y Rusia", ha lamentado Elizabeth Evenson, asesora sobre justicia internacional de HRW. "Las víctimas siguen esperando justicia por lo que ocurrió en 2008", ha agregado.
La ONG ha apuntado que, según sus investigaciones, las milicias surosetias mataron, agredieron e intimidaron a ciudadanos georgianos, incendiando y saqueando sus viviendas en una campaña para expulsarles de la región.
Asimismo, ha documentado ataques "indiscriminados y desproporcionados" por parte de las fuerzas georgianas y rusas, afirmando que "podrían equivaler a violaciones de las leyes de la guerra".
"El conflicto tuvo lugar en el marco de una creciente tensión que sigue resonando a día de hoy en los debates nacionales sobre la relación de Georgia con Rusia y Europa", ha apuntado Evenson. "Los jueces del TPI deben poder tomar una decisión independiente, y los líderes de la región deben expresar su apoyo total al tribunal", ha recalcado.
En caso de ser autorizada, la investigación sobre el conflicto en Georgia sería la primera del TPI fuera de África. "Ampliar el foco geográfico no es un factor que los jueces tengan que considerar", ha adelantado. "Pese a ello, la solicitud es un recordatorio del potencial alcance global del tribunal", ha remachado Evenson.
EL PRONUNCIAMIENTO DE LA FISCALÍA
En concreto, la Fiscalía del TPI ha asegurado que entre 51 y 113 civiles de etnia georgiana perdieron la vida durante una expulsión llevada a cabo por las autoridades prorrusas de Osetia del Sur y que afectó a entre 13.400 y 18.500 personas. Unas 5.000 viviendas fueron destruidas.
Así, ha apuntado que estos abusos, así como casos de saqueo y destrucción de propiedades, fueron una práctica generalizada para tratar de expulsar a la comunidad georgiana de Osetia del Sur. Según la oficina de Bensouda, la población de esta etnia se redujo en al menos un 75 por ciento.
Por otra parte, la Fiscalía también quiere investigar si las fuerzas surosetias y georgianas atacaron a una misión de paz, lo que sería considerado un crimen de guerra. La nota cita las muertes de dos militares georgianos y de diez rusos en dos incidentes separados.
La Presidencia de la corte internacional ya ha asignado el caso a la cámara de instrucción número uno, a la que corresponderá ahora decidir si autoriza o no la investigación de la Fiscalía.
SIN JUSTICIA
La Fiscalía de la corte internacional ha pedido investigar el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 10 de octubre de 2008 porque considera que los países implicados no han realizado una labor adecuada en materia de depuración de responsabilidades. Ha dicho actuar en "interés" de la justicia y de las víctimas.
En el caso de los abusos contra georgianos, entiende que el TPI puede actuar por la "inacción" del Estado, mientras que en relación a los ataques contra fuerzas de paz rusas, el caso sería "parcialmente admisible" porque aún hay procedimientos abiertos en Rusia.
Este caso pone por primera vez a Rusia bajo la lupa del TPI, con potestad para analizar graves crímenes ocurridos en sus estados parte --Georgia ratificó el Estatuto de Roma en el año 2003--. La corte también analiza si dar pasos en firme en relación al conflicto iniciado en abril de 2014 en el este de Ucrania.
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