HRW exige a la junta militar birmana que cese las amenazas contra la Asociación de Presos Políticos

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización Human Rights Watch (HRW), especializada en el segumiento de la situación de los Derechos Humanos en el mundo, ha pedido a la junta militar de Birmania que cese sus amenazas contra la Asociación de Ayuda a Presos Políticos (AAPP), uno de los grupos humanitarios más destacados del país, que entre otras tareas lleva el recuento de las víctimas mortales (unas 760) y detenidos (en torno a 4.500) por la represión contra los manifestantes que se oponen al golpe de Estado del 1 de febrero.

El "Ministerio del Interior" de la junta militar birmana acusó el 26 de abril a la AAPP de operar de manera ilegal al no estar registrada estrictamente como una organización, y anunció "medidas severas" contra el grupo por "causar pánico entre el personal de los servicios del Estado y el público", así como de "minar la estabilidad del Estado, el estado de Derecho y la restauración de la ley y el orden".

Los esfuerzos de la junta contra la AAPP se resumen, explica HRW, en un documento de 115 páginas presentado por el líder golpista, general Min Aung Hlaing, ante los líderes de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), en el que documenta -- "sin aportar prueba alguna", de acuerdo con HRW --, que la asociación emplea "datos falsos, aparecidos en medios de noticias inventadas".

En respuesta a las acusaciones, el secretario general de la AAPP, Bo Kyi, ha descrito los ataques de la junta como un "movimiento político". "La cuestión más importante es que han cometido asesinatos, han cometidos arrestos. Y, en lugar de resolver estos problemas, están apuntando a un grupo como el nuestro, que está dando a conocer lo que pasa hoy en día", explica antes de lamentar que las presiones de la junta están obligando a sus integrantes a trabajar en secreto y prácticamente desde el anonimato.

La junta también ha arrestado arbitrariamente a periodistas para evitar informar sobre la amplia resistencia del opositor Movimiento de Desobediencia Civil al golpe y los abusos de las fuerzas de seguridad. La UNESCO informó de que la junta ha arrestado al menos a 71 periodistas desde el golpe. La AAPP dice que actualmente se sabe que 48 periodistas están detenidos, la mayoría en lugares no revelados sin acceso a sus familias o asesoría legal. Muchos otros periodistas han huido a regiones fronterizas controladas por grupos étnicos o a países vecinos.

Las presiones de la junta contra los medios de difusión no solo se limita a la AAPP, sino que se extiende a periódicos, revistas o portales de noticias. El 8 de marzo, el Consejo de Administración del Estado anunció la cancelación de medios como Mizzima, Myanmar Now, 7Day News, Democratic Voice of Burma (DVB) y Khit Thit Media. Si bien estos grupos de medios han seguido informando sobre los hechos, lo hacen con un gran riesgo, ya que los periodistas que trabajan para ellos se enfrentan a un arresto inmediato si se los descubre haciendo su trabajo como reporteros.

"Mientras que los medios de comunicación y los diplomáticos del todo el mundo citan habitualmente las actualizaciones diarias de la AAPP sobre la represión militar, los generales birmanos están tratando desesperadamente de silenciar al grupo para evitar que la verdad salga a la luz ", en palabras del subdirector para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson.

"Grupos como la AAPP y los medios de comunicación independientes están desempeñando un papel fundamental para responsabilizar a la junta de Birmania, y necesitan poder continuar con su trabajo. Los gobiernos que tanto se preocupan preocupados por el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en ese país deberían ofrecer apoyo público a estas organizaciones y a su valiente personal", ha manifestado.