MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha exigido al Gobierno de Filipinas que abandone el "juicio motivado políticamente" contra la senadora Leila de Lima, una de las voces críticas contra 'la guerra contra las drogas' que ha sido puesta en marcha por las autoridades del país.
En un comunicado difundido este miércoles, la organización ha recordado que el próximo 24 de febrero la senadora cumplirá un año en prisión por "cargos sin base ninguna relacionados con las drogas". De Lima se enfrenta a tres acusaciones provenientes de la Ley contra las Drogas Peligrosas. En una apelación fallida al Tribunal Supremo, la senadora subrayó que no queda claro de qué se le acusa exactamente, excepto de tener relación con el tráfico de estupefacientes en Filipinas.
"La decisión del Tribunal Supremo (de ignorar su apelación) rechazó la afirmación de De Lima de que la información citada por el Departamento de Justicia que fue utilizada como base para presentar los cargos contra ella es problemática porque no deja claro las acusaciones exactas, si se considera que De Lima traficó realmente con estupefacientes o conspiró para hacerlo", ha indicado HRW.
Debido también a la decisión del alto tribunal, se juzgará a la senadora en tres tribunales distintos en la ciudad de Muntinlupa. HRW ha puesto el foco sobre cómo los funcionarios que van a llevar a cabo el caso de la senadora forman parte del Departamento de Justicia y estarán, por tanto, bajo la supervisión del Secretario de Justicia filipino, Vitaliano Aguirre II, "que ha liderado la campaña para demonizarla ante los medios de comunicación y el Congreso". Por ejemplo, tal y como recuerda HRW, amenazó con difundir un supuesto vídeo sexual de De Lima si esta no admitía públicamente que mantenía una relación con su chófer, Ronnie Dayan.
HRW ha señalado que "la detención (de De Lima) sigue una campaña implacable por parte del Ejecutivo de acoso e intimidación contra ella por criticar 'la guerra contra las drogas' implementada por Duterte y por exigir que se rindan cuentas por la muerte de más de 12.000 filipinos a manos de la Policía y de atacantes no identificados".
El grupo a favor de los Derechos Humanos ha criticado lo que define como "condiciones punitivas de su arresto", a saber, que no se le permita acceder a la radio, a la televisión, al ordenador y al teléfono y que no se le haya autorizado a tener aire acondicionado en la celda, por mucho que así lo reclame un doctor. Además, el Tribunal Supremo tampoco le ha concedido permiso para continuar con su trabajo como senadora. Las autoridades solo le han dado la posibilidad de celebrar reuniones de media hora con una persona y esta tiene que ser o bien un miembro de su familia o bien uno de sus trabajadores.
HRW también ha puesto en valor los escritos que la senadora realiza diariamente y que sus empleados distribuyen a través de las redes sociales. En ellos, por ejemplo, De Lima ha manifestado recientemente su apoyo a la petición de que la ONU lleve a cabo una investigación sobre las muertes relacionadas con 'la guerra de las drogas' y que el Tribunal Penal Internacional (TPI) haya abierto un examen preliminar sobre la situación en Filipinas.
"El presidente Duterte ordenó el arresto de De Lima hace un año para vilipendiarla por su oposición enérgica y con principios a esta guerra contra las drogas homicida", ha denunciado el subdirector de Asia para HRW, Phelim Kine. "En vez de eso, su juicio ha incrementado su prestigio internacional y ha puesto el foco sobre la demolición que Duterte está llevando a cabo del imperio de la ley y del respeto por los Derechos Humanos", ha añadido Kine.
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