HRW insta a investigar la responsabilidad del Gobierno de RDC en los asesinatos de investigadores de la ONU

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado a la Justicia de República Democrática del Congo a investigar la responsabilidad de funcionario del Gobierno en los asesinatos de los expertos de la ONU Michael Sharp y Zaida Catalan en 2017.

"La administración del presidente Felix Tshisekedi debe comprometerse a garantizar que todos los responsables de los asesinatos rindan cuentas y se cumplan las normas internacionales sobre juicios justos", ha señalado la organización que denuncia un "progreso lento" en el procesos sobre estos hechos.

El estadounidense Sharp y la sueca Catalan fueron ejecutados el 12 de marzo de 2017 cuando documentaban graves violaciones de derechos en la provincia congoleña de Kasai para el Consejo de Seguridad de la ONU. Sus cuerpos fueron hallados dos semanas después y el intérprete local y tres conductores que les acompañaban siguen desaparecidos. El juicio de 50 acusados por los hechos comenzó en junio del mismo año.

"Se debe investigar a los más altos funcionarios, incluidos aquellos que en última instancia pueden ser responsables de planificar y ordenar los asesinatos", ha reclamado el investigador principal para República Democrática del Congo de HRW, Thomas Fessy.

El Gobierno del entonces presidente Joseph Kabila culpó a la milicia Kamuina Nsapu, pero ahora existe una "creciente evidencia" del papel de funcionarios estatales en estos hechos, de acuerdo a informes de diversas organizaciones internacionales y medios de comunicación, ha recordado la ONG.

En este sentido, Human Rights Watch ha lamentado que la Justicia congoleña ha procedido "lentamente" y el juicio iniciado en 2017 se suspendió entre marzo y octubre de 2020 por la pandemia del coronavirus, mientras solo una docena del medio centenar de acusados ha sido convocada a declarar.

Otros acusado siguen fugados y dos murieron bajo custodia en "circunstancias sospechosas", así como algunos escaparon de la prisión de Kananga en mayo de 2019 y aún no han sido detenidos, ha denunciado la organización, para añadir que un vídeo de los hechos aún no se ha examinado como prueba material para identificar a los agresores.

"La falta de representación legal de los acusados en violación de sus derechos básicos también ha provocado numerosos retrasos en los procedimientos, mientras que los servicios de seguridad congoleños supuestamente han interferido con la investigación", ha criticado.

En este sentido, HRW ha subrayado que las autoridades "deben ir más allá de los que llevaron a cabo los asesinatos" y "hacer avanzar la investigación en la cadena de mando", en referencia a los funcionarios presuntamente implicados en los asesinatos. El coronel Jean de Dieu Mambweni y el funcionario de inmigración Thomas Nkashama son los únicos agentes estatales acusados por el momento, ya que otro, Jose Tshibuabua, informa de la inteligencia congoleñan, murió bajo arresto.

"No son solo nuestras familias, sino también la gente de Kasai y el Congo quienes merecen la verdad", ha recalcado, por su parte, la hermana de Catalan, Elizabeth Morseby, quien también ha ahondado en que los familiares necesitan el cierre del caso: "Es de interés de todos resolverlo".

De este modo, HRW ha insistido en que "los altos funcionarios actuales y anteriores no deben estar protegidos contra el enjuiciamiento, y cualquier persona que interfiera en los procedimientos, manipule pruebas o amenace a acusados y testigos debe ser sancionada adecuadamente".

"El poder judicial del Congo aún tiene que demostrar que tiene la intención de investigar a fondo el papel fundamental que el Gobierno y los funcionarios de seguridad pueden haber desempeñado en los asesinatos", ha concluido.