El Gobierno ha "fallado" en hacer "responsables" a aquellos instigadores de la violencia, asegura la ONG
MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido este martes a la comunidad internacional que presione al Gobierno de Pakistán para que reforme o derogue las leyes que discriminan a las minorías religiosas tras la quema de iglesias la pasada semana por una violenta turba en la provincia de Punyab.
"El ataque en Faisalabad subraya los fallos policiales a la hora de proteger a las minorías religiosas y responder con celeridad a la violencia contra ellas", ha subrayado en un comunicado la directora asociada para Asia de HRW, Patricia Gossman.
En este sentido, ha asegurado que la falta de justicia contra los responsables de "tales crímenes" --intimidaciones, amenazas, actos violentos de todo tipo-- en el pasado ha "envalentonado a quienes cometen violencia en nombre de la religión".
Los extremistas, armados con palos y piedras, quemaron numerosas iglesias, vandalizaron un cementerio, saquearon inmuebles con objetos de valor y demolieron la vivienda de un joven cristiano. Los ataques se saldaron con la detención de al menos 130 personas.
En marzo de 2013, una multitud de 1.000 personas atacó a una comunidad cristiana en Lahore, Punyab, quemando más de 150 casas tras las acusaciones contra un hombre por blasfemia. Asimismo, en agosto de 2009 se dio otro caso similar en la aldea cristiana de Gojra, en Punyab, lo que se saldó con siete muertos.
La ONG ha asegurado además, que la "persecución" no solo se produce contra los cristianos, sino también contra la comunidad ahmadi, algo que "está arraigado en la ley paquistaní" y es "alentado" por el Gobierno. Una turba destrozó un lugar de culto de esta minoría en Karachi, en la provincia de Sindh, en julio.
De la misma forma, a mediados de agosto otra multitud atacó una fábrica cuyo propietario era ahmadi. HRW ha denunciado que, en lugar de procesar a los responsables, al menos ocho miembros de la minoría fueron acusados por blasfemia.
Los ahmadis se consideran musulmanes, pero su reconocimiento de Mirza Ghulam Ahmad, que fundó el grupo en 1889 en la entonces India británica, como un "profeta subordinado", es considerado por la mayoría suní como una herejía.
EL DELITO DE BLASFEMIA
Desde 1990, al menos 65 personas han sido asesinadas en Pakistán por acusaciones de blasfemia, que en el Código Penal del país puede acarrear una pena a muerte. Según el Centro para la Justicia Social, un grupo de defensa de los Derechos Humanos paquistaní, más de 1.400 personas han sido acusadas por este delito entre 1987 y 2016.
Si bien no ha habido ejecuciones por delitos de blasfemia, varias personas condenadas se encuentran en el corredor de la muerte, mientras que muchas otras cumplen cadena perpetua. La ley también es manipulada con frecuencia para resolver disputas familiares, ha denunciado HRW.
De hecho, el Tribunal Supremo de Pakistán determinó en 2014 que la mayoría de los casos "se basan en acusaciones falsas derivadas de disputas sobre la propiedad u otras venganzas personales o familiares, más que en casos genuinos de blasfemia". Ello conduce, inevitablemente, "a la violencia colectiva contra toda la comunidad".
Human Rights Watch ha sentenciado así que las leyes sobre blasfemia y las legislaciones anti-ahmadi "violan las obligaciones jurídicas internacionales" contraidas por el país asiático "en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
"La indiferencia del Gobierno paquistaní a los abusos bajo la ley de blasfemia y la violencia que esta provoca son discriminatorias y violan los derechos a las libertades más básicas", ha dicho Gossman, agregando que el Gobierno ha "fallado" en hacer "responsables" a aquellos instigadores del "miedo" y la "inseguridad" en el país.