HRW pide que Líbano procese por torturas a miembros de las Fuerzas de Seguridad mediante la Justicia ordinaria

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG HRW ha pedido este lunes que las autoridades libanesas procesen a miembros de las fuerzas de seguridad que actualmente se encuentran acusados de torturar y asesinar a un refugiado sirio a través de los tribunales penales ordinarios, en vez de los tribunales militares.

La organización no gubernamental hace referencia al caos de Bashar Abed Al Saud, quien falleció el 31 de agosto, después de que fuese arrestado el día anterior. El 2 de septiembre, tras la noticia de su fallecimiento, se distribuyeron en los medios de comunicación imágenes de su cuerpo magullado.

Las fotografías y un video del cuerpo de Al Saud, que revisaron las organizaciones, corroboran el informe forense y muestran grandes partes de su cuerpo cubierto de hematomas, marcas de latigazos, cortes y quemaduras.

"Las impactantes imágenes del cuerpo magullado y acuchillado de Al Saud deberían enviar un fuerte mensaje a las autoridades libanesas de que deben hacer mucho más para combatir la tortura durante la detención", ha denunciado Aya Majzoub, investigadora sobre Líbano de Human Rights Watch.

Así, Majzoub ha pedido que los responsables de la tortura y muerte de Al Saud sean llevados ante la Justicia en procedimientos judiciales justos y transparentes.

HRW --junto a Legal Agenda, Amnistía Internacional y el Grupo de Derechos MENA-- han denunciado que los acusados, que son cuatro miembros de la seguridad del Estado, están siendo investigados en la justicia militar. "(Esta) carece de independencia y cuenta con jueces designados por el ministro de Defensa", han criticado.

"La muerte de Al Saud durante su detención en la Seguridad del Estado requiere una investigación justa y exhaustiva frente al poder judicial ordinario, ya que el sistema de justicia militar no puede hacer justicia para su familia", ha solicitad Ghida Frangieh, jefa de litigios de Legal Agenda.

El comunicado hecho público por las ONG indica que remitir la investigación a un tribunal militar es contrario al Derecho Internacional: los delitos que cometen los miembros de la Policía judicial en el desempeño de sus funciones como asistentes del público el enjuiciamiento corresponde únicamente a la jurisdicción de la justicia ordinaria.