HRW pide al Parlamento de Somalia que rechace una enmienda constitucional para reducir la mayoría de edad

La ONG dice que esta medida pone en peligro los derechos de los niños ante el riesgo de matrimonio infantil y mutilación genital femenina

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado este viernes al Parlamento de Somalia a rechazar una enmienda constitucional que permitirá reducir la mayoría de edad, lo que podría incrementar el riesgo de matrimonio infantil y de ciertas formas de mutilación genital femenina.

La directora adjunta de África en HRW, Laetitia Bader, ha pedido al Parlamento somalí que desista en su esfuerzo de "debilitar las protecciones constitucionales para los menores, especialmente de las niñas", y ha hecho un llamamiento a los socios para que presionen al Gobierno del país africano a fin de que cumpla con su compromiso en virtud de los Derechos Humanos.

La enmienda pretende fijar la edad de madurez a los 15 años y la edad de responsabilidad a los 18 años. Adoptar esta medida, según ha recordado HRW, "sería contrario a las obligaciones de Somalia en virtud de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que define al niño como toda persona menor de 18 años".

En la práctica, este nuevo umbral de edad corre el riesgo de reforzar las ambigüedades existentes en la legislación somalí. Por ejemplo, la Constitución de Somalia no define el concepto de mutilación genital femenina, sino que se limita a afirmar que "la circuncisión femenina es una práctica consuetudinaria cruel y degradante".

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha informado que Somalia tiene una de las tasas de mutilación genital femenina más altas del mundo, con un 99 por ciento de niñas y mujeres de 15 a 49 años que se han sometido a la ablación.

"El Parlamento de Somalia parece dispuesto a aprobar enmiendas a la Constitución del país que podrían someter a generaciones de niños a prácticas dañinas", ha indicado Bader, agregando que las reformas constitucionales deberían, en todo caso, "ayudar al Gobierno a proteger mejor los derechos de los niños".