HRW pide que presuntos abusos del Ejército colombiano no sean examinados por la Justicia militar

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha solicitado formalmente ante la Corte Constitucional de Colombia que la investigación judicial por los presuntos abusos cometidos por militares en marzo de 2022 en Putumayo, en una operación que se saldó con once muertos, sean examinados por la Justicia ordinaria y no por la castrense, en eras de la imparcialidad.

Los hechos a examen tuvieron lugar en la vereda Alto Remanso y, pese a que el Gobierno de Iván Duque identificó en un momento como criminales a los once fallecidos, las investigaciones posteriores sitúan a civiles entre las víctimas. El Ejército, que utilizó fuerza letal en su asalto, mató al menos a cuatro personas que no formaban parte del grupo Comandos de la Frontera y estaban desarmadas, según las pesquisas, en las que participó HRW.

En mayo de este año, la Fiscalía anunció la imputación de 25 miembros del Ejército, pero la causa está parada a la espera de que el Constitucional decida a qué rama compete el expediente. La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, ha señalado que "garantizar justicia para los habitantes de Alto Remanso" pasa por que la causa recaiga en la Justicia ordinaria, en contra de lo que opinan los abogados de los potenciales imputados.

La ONG también pide que se esclarezca "si algún miembro del Ejército o funcionario intentó desviar de manera deliberada la investigación sobre estas muertes", ya que pudo haber retrasos en la respuesta inicial y trabas a la hora de proporcionar datos y pruebas 'a posteriori'.

"Los fiscales también deberían investigar los aparentes intentos por encubrir estas muertes y el gobierno debería poner en marcha la prometida reforma al sector seguridad para evitar abusos similares en el futuro", ha planteado Goebertus, en un llamamiento para que hechos como el de Alto Remanso no se repitan.

En este sentido, ha planteado por ejemplo que se refuerce la capacidad de investigadores y forenses en las regiones más afectadas por el conflicto armado", ya que "su ausencia facilita abusos por parte de los grupos armados y ha obstaculizado la rendición de cuentas por las muertes en Alto Remanso".