HRW pide una reforma de la Policía filipina por las ejecuciones extrajudiciales de la guerra contra la droga

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha emplazado a las autoridades filipinas a impulsar una profunda reforma de la Policía tras las recientes revelaciones sobre ejecuciones extrajudiciales de miles de sospechosos en el marco de la polémica guerra contra las drogas.

"La administración de (el presidente Ferdinand) Marcos (Jr.) debería poner en marcha rápidamente una reforma de las fuerzas de seguridad en respuesta a las recientes vistas parlamentarias sobre la corrupción y los abusos en la guerra contra las drogas en la Policía", ha apuntado HRW en un comunicado.

La organización se refiere a los recientes testimonios en hasta cuatro comisiones de la Cámara de Representantes que mencionan ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2016 con altos cargos implicados vinculados directamente con el entonces presidente, Rodrigo Duterte.

"El Ministerio del Interior debería investigar estas acusaciones de malas praxis policiales y colaborar con el Ministerio de Justicia para presentar los cargos apropiados contra los agentes implicados", ha emplazado HRW.

En particular, HRW pide al nuevo ministro del Interior, Juanito Victor Remulla, que rescinda los comunicados internos relacioandos con la guerra contra la droga y en particular la conocida como Doble Cañón Oplan, la campaña antidroga lanzada durante el mandato de Duterte.

Asimismo emplaza a Remulla a "reorientar el Servicio de Asuntos Internos" de la Policía Nacional de Filipinas para "que tenga más competencias y autoridad para investigar y perseguir los abusos graves perpetrados por agentes de la Policía".

También pide al Ministerio de Justicia que "reaccione" a los testimonios ante el Parlamento y abrir una investigación por su cuenta. Igualmente emplaza al presidente Marcos a realizar cambios en la Agencia Antidroga Filipina, que depende directamente de la Presidencia y a colaborar con la investigación del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre la guerra contra la droga.

El subdirector de HRW para Asia, Bryony Lau, ha instado al presidente Marcos a "tomar medidas inmediatas para implantar reformas de calado en la Policía Nacional de Filipinias y en otras agencias policiales". "Los gobiernos y donantes extranjeros deberían presionar al Gobierno filipino para que responda rápidamente para garantizar que las instituciones estatales no sean utilizadas nuevamente para perpetrar estos horribles abusos", ha argumentado.

La antigua jefa de la Policía en la ciudad de Cebú, Royina Garma, testificó el 5 de octubre que se pagaba entre 20.000 y un millón de pesos (entre 300 y 17.000 euros) a los agentes que mataran a un traficante de droga, en función de su rango.

Un traficante confeso, Kerwin Espinosa, declaró el 11 de octubre que poco antes de testificar ante el Senado en 2016 el jefe de la Policía y ahora senador Rogelio 'Bato' dela Rosa le amenazó con hacer daño a él y a su familia si no implicaba a la senadora Leila de Lima por proteger a narcotraficantes.

La acusación propició la destitución de De Lima como presidenta de la incipiente comisión parlamentaria para investigar la violencia relacionada con la guerra contra las drogas. Además la Fiscalía presentó cargos contra De Lima y fue encarcelada durante siete años, hasta que fue exculpada definitivamente por un tribunal en junio de 2024.