HRW reclama a Angola que retire los cargos contra dos periodistas acusados de insultar al Estado

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Human Rigths Watch (HRW) ha reclamado este jueves a las autoridades de Angola que retiren los cargos contra dos periodistas acusados de insultar al Estado y que se les permita realizar su trabajo sin interferencias.

Rafael Marques de Morais, quien gestiona el blog anticorrupción Maka Angola, y Mariano Bras Lourenço, redactor jefe del semanario 'O Crime', fueron imputados el 21 de junio por "insultos a un cuerpo de soberanía y daños a una autoridad pública".

Los periodistas fueron imputados por un artículo publicado sobre una adquisición de terrenos supuestamente ilegal que involucraba al fiscal general del país, João Maria de Sousa.

El artículo, publicado en noviembre de 2016 en Maka Angola y republicado ese mismo mes por 'O Crime', recogía que De Sousa actuó ilegalmente como agente inmobiliario, en paralelo a sus funciones oficiales.

Asimismo, sugería que el presidente del país africano, Jose Eduardo Dos Santos, respaldó las acciones del fiscal general angoleño.

"Los cargos contra Rafael Marques de Morais y Mariano Bras Lourenço son el último intento de las autoridades de limitar exageradamente la libertad de expresión y de prensa", ha valorado el director de HRW para el sur de África, Dewa Mavhinga.

"Revelar acuerdos de negocios inadecuados que involucran a funcionarios del Gobierno no es una amenaza a la seguridad estatal, sino periodismo a favor del interés público", ha recalcado.

En este sentido, HRW ha recordado que los medios angoleños operan "en un ambiente muy restrictivo", resaltando que "las autoridades reprimen a menudo la cobertura de casos de corrupción que afectan a funcionarios del Gobierno".

El Parlamento aprobó en noviembre de 2016 una legislación que da el control sobre todos los medios a un organismo creado a tal efecto y dirigido por el Gobierno y el partido gubernamental.

El Sindicato de Periodistas de Angola tildó la ley de "herramienta política para intimidar a la prensa" y la llevó al Tribunal Constitucional. Pese a ello, el presidente la promulgó en enero de este año.