HRW reprocha a la Policía de Brasil no investigar adecuadamente una operación en Sao Paulo que dejó 30 muertos

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que las primeras diligencias para investigar una treintena de muertes durante una operación policial en julio de 2023 en Sao Paulo --la más mortífera de los últimos 30 años-- están siendo "inadecuadas" y no cumplen ninguno de los estándares internacionales.

En su informe, 'Prometieron matar a 30: Asesinatos policiales en Baixada Santista, estado de Sao Paulo, Brasil', HRW ha recordado como la muerte de un policía desencadenó un operativo que se prolongó desde el 28 de julio al 5 de septiembre y que dejó 28 muertos, el más sangriento de todo el estado de Sao Paulo, en las últimas tres décadas.

"Las investigaciones iniciales sobre los 28 asesinatos perpetrados por la Policía Civil en el estado de Sao Paulo han sido lamentablemente inadecuadas", ha denunciado la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien ha pedido que dichas pesquisas sean dirigidas por fiscales, no por la propia Policía.

En Brasil, la Policía Civil funciona como Policía Judicial del Estado e investiga la mayoría de los delitos penales, trabajando en estrecha colaboración con la llamada 'policía científica', que se encargada de las autopsias.

"Brasil tiene desde hace tiempo un grave problema con el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Las 'operaciones de venganza' tras la muerte de un agente de policía plantean un problema especial", ha alertado la ONG.

La Policía mató a más de 6.400 personas en 2022, según la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, que recopila datos de fuentes oficiales a nivel estatal, mientras que los asesinatos de policías aumentaron un 86 por ciento en el tercer trimestre de 2023 en Sao Paulo en comparación con el mismo período de 2022.

"Si bien algunos asesinatos cometidos por la policía se producen en defensa propia, muchos son consecuencia del uso excesivo de la fuerza, lo que contribuye a un ciclo de violencia que socava la seguridad pública y pone en peligro las vidas de civiles y policías por igual", ha alertado HRW.

A través del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, HRW ha podido constatar que los exámenes forenses de al menos quince de estas víctimas no cumplieron con los mínimos estándares aceptables en la investigación de muertes relacionadas con armas de fuego en acción policial.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES E IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN

HRW ha recopilado una serie de irregularidades durante la investigación llevada a cabo por las propias autoridades policiales, entre las cuales hay contradicciones de los agentes implicados, tomar declaraciones de manera conjunta y no individual, o la posible manipulación de los cadáveres.

Así, por ejemplo, de los 26 informes policiales revisados, en diez la Policía no solicitó un análisis forense en el lugar del tiroteo por diversas consideraciones, entre ellas porque estaba lloviendo.

La ONG también cuestiona la postura de las autoridades locales, que se aventuraron pronto a señalar que los agentes en ningún caso cometieron abuso alguno. Hace ahora un mes, el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, condecoró a algunos de los policías que participaron en las operaciones.

Por el contrario, la Fiscalía General de Sao Paulo ha iniciado una investigación por esta treintena de muertes por posibles violaciones contra los Derechos Humanos, además de un proceso administrativo para seguir las acciones que lleva a cabo la Policía Civil en relación a este caso.

HRW concluye reclamando a las autoridades de Sao Paulo y a las del resto de estados brasileños, incluyendo también a nivel Federal, la elaboración de protocolos de actuación para evitar estas llamadas 'operaciones de venganza'.

Las medidas deberían incluir grupos de apoyo psicológico y social inmediato para los agentes que hayan perdido compañeros en actos de servicio y prohibir que participen en acciones de respuesta; que todos los agentes involucrados en una operación usen cámaras corporales, o que dichas operaciones sean comunicadas a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo, y al resto de organismos fiscalizadores.