HRW y WOLA instan a incrementar la vigilancia sobre Guatemala tras los renovados ataques contra la democracia

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han instado a la comunidad internacional a incrementar la vigilancia sobre Guatemala ante los renovados intentos por parte de las autoridades de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2023.

En concreto, ambas organizaciones han señalado a la Fiscalía, al Congreso y al Tribunal Supremo del país centroamericano como principales responsables de "socavar el Estado de Derecho y los derechos de la población guatemalteca".

"Las últimas maquinaciones del gobierno demuestran la urgente necesidad de un escrutinio internacional continuado", ha indicado este martes el director de la región de América de HRW, Juan Pappier, en un comunicado remitido por la ONG.

Por su parte, la directora de América Central de WOLA, Ana María Méndez Dardón, ha asegurado que hay numerosas razones para pensar que se "intensificarán" los intentos para impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, y su 'número dos', la vicepresidenta electa Karin Herrera, tomen posesión en 2024.

Esto se produce después de que la Fiscalía guatemalteca solicitara la retirada de la inmunidad de Arévalo y Herrera por la toma de la Universidad de San Carlos, una acción de protesta en contra del proceso de elección de un nuevo rector de la institución educativa.

Además, la Policía Nacional, por orden del Ministerio Público, ha llevado a cabo numerosos registros contra viviendas de simpatizantes y afiliados de Semilla como parte de su investigación contra la formación por un presunto delito de lavado de dinero.

En paralelo, la pasada semana tomaron posesión hasta 13 magistrados del Tribunal Supremo que, según investigaciones de fiscales guatemaltecos independientes, fueron propuestos en un proceso manchado por sobornos y tráfico de influencias.

El Ministerio Público de Guatemala ha llevado a cabo numerosas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o ilegalizar a la formación política vencedora en las elecciones de octubre, una postura que ha recibido la condena de la comunidad internacional.