Imputados por terrorismo en Turquía los once activistas detenidos en la isla de Buyukada

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Turquía ha imputado este martes por cargos de terrorismo a los once activistas de Derechos Humanos que fueron detenidos en julio en la isla de Buyukada, al sur de la localidad de Estambul, según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

La Fiscalía turca ha solicitado contra los activistas --entre los que se encuentra la directora de Amnistía Internacional en el país, Idil Eser--, penas de hasta quince años de prisión.

La redada tuvo lugar el 5 de julio, cuando el grupo se encontraba reunido en un hotel de la isla. Un tribunal de Estambul ordenó posteriormente la detención de ocho activistas bajo acusaciones de "colaborar con una grupo terrorista".

Otros dos fueron puestos en libertad bajo control judicial y no han podido aún abandonar el país. Entre los detenidos se encuentran el alemán Peter Frank Steudtner y el sueco Ali Ghravi.

El documento de 17 páginas presentado por la Fiscalía y aceptado por el 25º Tribunal Penal de Estambul incluye una solicitud de entre 7 años y 15 años de prisión para los activistas. La primera vista oral del juicio tendrá lugar el 25 de octubre en el juzgado de Caglayan.

Asimismo, la acusación ha presentado cargos contra Taner Kilic, otra de las principales figuras de Amnistía Internacional en Turquía, por estar presuntamente vinculado al FETO, la organización del influyente clérigo Fetulá Gulen (a la que Ankara considera terrorista).

Kilic fue detenido por estar relacionado con Gulen, al que el Gobierno de Turquía acusa de haber orquestado el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en el país el 15 de julio de 2016.

Amnistía Internacional ha señalado que las acusaciones contra los once activistas deben ser rechazadas en su totalidad. "La acusación no tiene pruebas suficientes sobre los cargos de terrorismo que se les imputan", ha manifestado el director de la organización en Europa, John Dalhuisen.

"Al aceptar la imputación, el tribunal de Estambul ha perdido una gran oportunidad de detener este grotesco fracaso de la Justicia turca", ha añadido.

Dalhuisen ha denunciado que se trata de una "persecución política cuyo objetivo es silenciar el trabajo de algunos de los defensores de los Derechos Humanos más importantes de Turquía. Es imposible que alguien que lea las acusaciones lo pueda ver de otra manera".

Amnistía Internacional ha asegurado que enviará observadores a los juicios en cuestión.