Aceptar permanecer impediría controlar la inmigración y las demás opciones llevarían años
LONDRES, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La continuidad de Reino Unido en el mercado común se ha convertido en una de las grandes incógnitas del referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, puesto que una victoria del 'Brexit' obligaría a reescribir las reglas de un modelo que permite el intercambio comercial sin barreras, siempre que el libre movimiento de personas, al que los euroescépticos quieren poner fin, esté garantizado.
Si hay un factor que permite entender la polarización de la campaña, éste es precisamente el mercado único, puesto que su propia concepción aúna los dos elementos que han marcado la contienda del 23 de junio: economía e inmigración. Mientras el frente a favor de continuar en la UE carece de respuestas sobre cómo controlar la entrada de extranjeros, sus rivales no han logrado aunar una posición unitaria sobre el acceso a un mercado de más de 500 millones de personas.
La fórmula resultante en caso de 'Brexit' será, sin embargo, vital para el mantenimiento del estatus británico como quinta economía del planeta. Actualmente, las exportaciones británicas a la UE representan un 44 por ciento del total y las importaciones de Reino Unido procedentes del continente rondan el 53 por ciento, por lo que el beneficio es obvio para ambos, no sólo para el bloque comunitario, cuyas ventas al norte del Canal de la Mancha suponen un 8 por ciento del total.
El bando que defiende el 'statu quo' mantiene que el mercado común ha sido un elemento fundamental para el progreso de las últimas décadas, pero quienes amparan la ruptura con Bruselas se encuentra divididos entre quienes proponen directamente abandonarlo, aquellos que creen posible permanecer por el propio interés del resto de sus integrantes de no perder a la segunda economía europea, los que abogan por establecer acuerdos bilaterales e, incluso, quienes ven viable operar con los 161 miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
ELEMENTOS INDISOCIABLES
Uno de los primeros condicionantes es que el mercado único y el libre movimiento de personas son dos elementos indisociables y, para la UE, innegociables, por lo que, a priori, Londres no podría mantener el primero sin tener que aceptar el segundo, lo que complica la ecuación entre prosperidad económica y límites a la entrada de ciudadanos comunitarios. Las consecuencias de un mal cálculo en este ámbito se dejarían notar en la balanza comercial británica e, irremediablemente, en el déficit.
El ejemplo de Noruega, que permite la libre circulación de personas como precio a su integración en el mercado común, no serviría, por tanto, para el Reino Unido post-Brexit que imaginan los partidarios de abandonar la UE.
Mucho dependerá de la disposición de los socios comunitarios a flexibilizar estructuras para encajar una solución de compromiso que beneficie a todos y, de momento, las opciones no son especialmente halagüeñas, después de que uno de los supuestos grandes aliados de Londres al respecto, Alemania, haya dejado claro que una salida este 23 de junio significaría abandonar el mercado común.
APUESTA DEL FRENTE PRO-BREXIT
No obstante, los euroescépticos han subrayado que Berlín tiene tanto interés como Londres en mantener una libertad comercial sin fronteras a través del Canal de la Mancha, por lo que una fórmula intermedia planteada por líderes empresariales pro-Brexit podría ser permanecer en el mercado único con libre movimiento en el mercado laboral, pero no de personas, y manteniendo cierta contribución al presupuesto comunitario.
Su viabilidad, con todo, depende de la disposición de un bloque que tendría que poner a prueba su propia permisividad con el más díscolo de sus socios. La alternativa sugerida, operar con el continente bajo las reglas de la OMC hasta que se logre sellar un acuerdo bilateral con la UE costaría años, puesto que Reino Unido no podría garantizar siquiera que funciona legalmente bajo el paraguas de la Organización de Comercio, ya que carecería de estructuras en tarifas, regulación en el área de servicios o subsidios agrarios, una posición que dejaría al país expuesto a pleitos.