Indígenas retienen a policías y periodistas en Quito para pedir el fin de la represión en las protestas

El Gobierno exige su liberación inmediata como requisito para el diálogo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Líderes indígenas han retenido a ocho policías y varios periodistas en Quito para exigir el fin de la represión policial de las protestas que comenzaron hace una semana contra la reforma económica anunciada por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

En un acto en la Casa de la Cultura de la capital, se ha mostrado a los ocho agentes --siete hombres y una mujer-- y se les ha pedido que se comuniquen con sus superiores para que se deje de reprimir a los manifestantes, según informa el diario local 'El Comercio'. Además, los líderes indígenas presentes han asegurado que hay 40 militares retenidos en Saquisili.

El secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, ha confirmado en un vídeo difundido por el Gobierno que hay seis policías y 27 periodistas de distintos medios de comunicación a los que "no se les ha permitido salir, como es su voluntad", si bien los medios ecuatorianos aseguran que hay dos agentes más, uno de los cuales estaba en los alrededores de la Casa de la Cultura vestido de civil.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, ha exigido a las autoridades ecuatorianas la entrega de los indígenas fallecidos en las protestas. Según la Defensoría del Pueblo, al menos cinco personas han muerto en esta semana de protestas, aunque el Gobierno no ha confirmado este balance de víctimas.

Briones ha aprovechado su intervención para aclarar que, por ahora, solo hay dos fallecidos. Según ha explicado, se trata de una persona que "fue atropellada el lunes por un conductor amedrentado por los manifestantes" y de otra que "falleció ayer por una caída y golpe en su cabeza en las manifestaciones llevadas adelante en Quito".

El presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, ha reiterado que responsabilizan al Gobierno, representado por Moreno y los ministros del Interior y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, respectivamente, de estas cinco muertes, de acuerdo con de Ecuavisa.

Además, los líderes indígenas han advertido de que, si las fuerzas de seguridad irrumpen en las instalaciones con gases lacrimógenos, no se responsabilizarán de lo que les pueda ocurrir a los ocho agentes.

Los indígenas se han referido específicamente a la situación de los periodistas. Así, han indicado que permanecerán retenidos de forma indefinida, pudiendo ser utilizados como escudos humanos en futuras protestas, y han advertido a los medios de comunicación de que, si no ofrecen en director sus asambleas en la Casa de la Cultura, los informadores se enfrentarán a la justicia indígena.

Vargas también ha arremetido contra los indígenas que se están posicionando del lado del Gobierno de Moreno, por considerar que se trata de una traición a sus compañeros. "Vamos a aplicar decisiones fuertes contra esos indígenas que han abandonado esta lucha", ha asegurado. "Tengan presente que su presidente, Jaime Vargas, jamás se va a vender, compañeros, frente a este Gobierno asesino y criminal. La lucha continúa", ha declarado en medio de los aplausos, según 'El Universo'.

Por su parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido de que más de 80 periodistas han sido agredidos o sus equipos destruidos tanto por "agentes estatales como por manifestantes en Ecuador".

"Llamamos a agentes estatales y manifestantes a garantizar y respetar el trabajo de la prensa que está informando en protestas", ha señalado la relatoría en su cuenta de Twitter.

LIBERACIÓN INMEDIATA

En este contexto, Briones ha exigido "que cualquier proceso de dialogo se haga en el marco de la paz y, para ello, la liberación de los policías y los periodistas es una condición fundamental".

"Somos un Gobierno que dialoga y toma decisiones, siempre beneficiando el bien común. Reiteramos nuestra disposición al diálogo, siempre en el marco de la paz", ha declarado el secretario general de la Presidencia.

De acuerdo con Briones, "se está retomando la tranquilidad de poco a poco". "Hoy en Quito, Guayaquil y más del 70 por ciento de las ciudades de Ecuador están en paz", ha afirmado, incidiendo en que "es el momento de deponer posiciones intransigentes y devolver a todos los ecuatorianos la tranquilidad". "Para ello necesitamos orden porque todos queremos trabajar y vivir en paz", ha remachado.

EL MINISTERIO DE DEFENSA DENUNCIA LA "USURPACIÓN DE UNIFORMES"

Las Fuerzas Armadas de Ecuador han denunciado la "usurpación de un uniforme" durante una reunión de dirigentes de las manifestaciones, procedentes de distintas provincias del país".

"En medio de esta concentración aparece --proporcionando declaraciones a la multitud-- un individuo con uniforme militar que no pertenece a las Fuerzas Armadas. Ante esto, rechazamos enfáticamente que este ciudadano represente y hable en nombre de quienes conforman esta institución", señala el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El texto indica que el individuo en cuestión "incita a alterar el orden público y a la sublevación de la población de forma irresponsable, aspecto que se encuentra penado por la ley como con la moral que rige a las actuaciones del personal que verdaderamente pertenece a las Fuerzas Armadas, por lo que la institución ha iniciado las acciones para su identificación y aprehensión".

Asimismo, el documento recuerda a la población que el uso "indebido del uniforme militar" se encuentra tipificado como delito y llama a identificar a los sujetes que lo utilicen mal para que "caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que generen este tipo de incidentes".

CRISIS POLÍTICA

El origen de las protestas es la reforma económica anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.

Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Moreno a declarar el estado de excepción, que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30.

Moreno ha ofrecido diálogo aclarando que no recuperará el subsidio al combustible, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo", aunque los manifestantes exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diésel.