YAKARTA 5 Mar. (Reuters/EP) -
El viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Abdurrahman Mohamad Fachir, ha asegurado que su Gobierno rechaza el intercambio de presos propuesto por el Ejecutivo australiano para salvar las vidas de dos australianos condenados a pena de muerte por tráfico de drogas, ha informado la cadena de televisión MetroTV.
La declaración del viceministro de Exteriores indonesio llega horas después de que la ministra de Asuntos Exteriores australian, Julie Bishop, propusiera a su homólogo indonesio un intercambio de presos para evitar la ejecución de Myuran Sukumaran, de 33 años, y Andrew Chan, de 31, que serán ejecutados en los próximos días por un pelotón de fusilamiento.
Bishop ha propuesto a las autoridades de Indonesia repatriar a tres indonesios condenados por tráfico de drogas a cambio de que Yakarta no ejecute a dos australianos sentenciados por este mismo delito.
"He presentado el hecho de que hay presos indonesios en cárceles australianas y he planteado la posibilidad de considerar un intercambio de prisioneros, una transferencia de prisioneros o una clemencia a cambio del regreso de los mismos", ha dicho.
Asimismo, ha recordado que las ejecuciones no deben llevarse a cabo por el momento debido a que sigue abierto el proceso de apelaciones, al tiempo que ha recalcado que "los conceptos de perdón y clemencia tienen un importante peso tanto en la ley indonesia como en la australiana".
Las palabras de Bishop han llegado apenas un día después de que las autoridades de Indonesia trasladaran a doce presos a la cárcel de Kerobokan, ubicada en la isla de Kambangan y conocida como el 'Alcatraz de Indonesia', donde serán ejecutados.
Entre los trasladados se encuentran los ciudadanos australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran, condenados en 2005 como cabecillas de una red de tráfico de heroína en Indonesia conocida como 'Los Nueve de Bali'.
Este caso es el último de una serie de sentencias de muerte impuestas a traficantes de drogas, incluidos ciudadanos extranjeros. Entre los condenados a muerte hay también ciudadanos de Brasil, Francia, Ghana, Indonesia, Nigeria y Filipinas, según ha confirmado un portavoz de la oficina del fiscal.