El informe final de expertos de la ONU constata un abanico de atrocidades por todos los bandos en la guerra de Tigray

La comisión de expertos señala al Ejército etíope, a sus aliados y al TPLF como responsables de crímenes de guerra y contra la Humanidad

Los investigadores lamentan que el fin de su mandato les impide ratificar una acusación de genocidio y deja a las víctimas en un limbo sin salida

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, un grupo de investigadores independientes bajo mandato de la ONU, ha acusado a todos los bandos implicados en la guerra de Tigray, que tuvo lugar en el norte de Etiopía desde 2020 a 2022, de la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad durante un conflicto que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, según estimaciones oficiales y de la Unión Africana.

Estas acusaciones están reflejadas en un informe final con motivo del fin del mandato de la comisión, cuyos integrantes lamentan que, "por falta de tiempo y recursos", no han podido presentar un cargo adicional de genocidio contra los participantes en el conflicto: por un lado el Ejército etíope y sus aliados de Eritrea, así como milicias asociadas, y por otro el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), la formación que dominaba el estado etíope hasta el estallido del conflicto en noviembre de 2020.

Todas las partes, denuncia la comisión, son responsables de "abusos y violaciones a una escala asombrosa", entre ellas asesinatos en masa, abusos sexuales sistemáticos que comprenden violaciones, menores incluidas, mutilación genital y prácticas de esclavismo, así como provocación deliberada de hambrunas y detenciones arbitrarias a gran escala".

La comisión denuncia además persistentes episodios de violencia a pesar del acuerdo de paz que puso fin al conflicto, firmado en Pretoria (Sudáfrica) en noviembre de 2022, particularmente en la región de Oromia, donde la comisión "ha descubierto patrones de arrestos arbitrarios, detenciones y torturas a manos de fuerzas del Gobierno etíope" contra civiles presuntamente implicados en las actividades del grupo Ejército de Liberación Oromo.

La comisión también denuncia que tropas eritreas y milicias del estado de Amhara, al sur de Tigray, "continúan cometiendo graves violaciones" en el estado vecino, entre ellas abusos sexuales y expulsiones forzadas contra decenas de miles de residentes del oeste del estado".

Los investigadores también apuntan a episodios de violencia entre las fuerzas etíopes y las milicias Fano en el estado de Amhara, en el contexto del estado de emergencia anunciado en agosto de este año, en particular en zonas alrededor de Gondar, Gojjam y Shewa Norte.

Por último y en relación con la responsabilidad penal individual, la Comisión mantiene una lista confidencial con los nombres, afiliación y rango o cargo de los presuntos autores de violaciones y abusos, pero enfatiza la necesidad "de realizar más investigaciones, incluso sobre las funciones, acciones y conocimiento de personas implicadas en crímenes internacionales, incluso a través de un mando y responsabilidad superiores".

El conflicto en Tigray, uno de los más sangrientos de la historia reciente del continente africano, comenzó tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército etíope, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo, incluida la negativa del TPLF a la hora de reconocer un aplazamiento electoral y su decisión de celebrar comicios regionales al margen de Adís Abeba.