Intimidación y burocracia: el problema del voto suprimido en las elecciones de EEUU

Estados republicanos mantienen severas restricciones burocráticas al voto minoritario

Se ha debilitado la figura del observador electoral, lo que dificulta las denuncias por intimidación contra simpatizantes armados de Trump

MADRID, 22 Oct. (EDIZIONES) -

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha amenazado con no reconocer el resultado de los comicios en caso de una posible derrota, basado en unas acusaciones de fraude electoral individual carentes de base y que repudia su propio partido. Sin embargo, sus bravuconadas han generado una inesperada consecuencia, infinitamente más legitimada: las advertencias realizadas por parte de grupos de estudio y abogados por los derechos civiles sobre la existencia, real y verificada, de una política de supresión de voto -- principalmente en estados republicanos -- que dificulta el acceso a las urnas a los estratos más bajos de la población, tanto culturales como socioeconómicos.

Medidas como, por ejemplo, la imposibilidad de votar si no existe un documento de identificación facial en algunos estados son defendidas por los republicanos como "iniciativas prácticas" que, en palabras del presidente del Comité Nacional del partido, Reince Priebus, "buscan preservar la 'santidad' de los comicios a través de la garantía de que solo los votantes registrados puedan votar en las elecciones estadounidenses".

Priebus intentaba justificar así lo que se trata de las primeras elecciones presidenciales en 50 años donde la Ley del Derecho al Voto no se cumplirá en su integridad después de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 2013, contra el estatuto de garantías que permitía a los observadores electorales efectuar su trabajo sin restricciones.

De acuerdo con la sentencia del caso que enfrentó al condado de Shelby (Tennessee) contra el entonces fiscal general Eric Holder, la figura del "observador" quedó sustituida por la del "supervisor", bastante más desprotegida por la ley y que, por ejemplo, ahora requiere permiso oficial para acceder a los colegios electorales, en lo que podría tratarse de una puerta abierta a la intimidación de los votantes.

EL PROBLEMA DE LOS OBSERVADORES

Existe una doble narrativa en esta cuestión. Trump ha llamado a sus simpatizantes a que "supervisen" las urnas ante un posible fraude. Estos "supervisores", sin embargo y según se extrae de las declaraciones del candidato, no serían más que ciudadanos particulares que intentarían intimidar a los votantes, en el peor de los casos.

El caso es que esto podría suceder con impunidad porque el Departamento de Justicia reconoció el pasado mes de octubre que se vería obligado a reducir "significativamente" el número de verdaderos observadores, los legitimados por el Gobierno federal, capacitados para ver el proceso 'in situ', y cuya misión consiste exactamente en impedir estas prácticas de intimidación. "Nuestra capacidad para desplegar a estos observadores", lamentó la fiscal general Loretta Lynch este verano, "se ha visto gravemente restringida".

"Va a cambiar las reglas del juego", lamenta al 'Washington Post' la presidenta del Comité de Abogados por los Derechos Civiles, Kristen Clarke. "Estamos hablando de una herramienta de protección histórica y sin ella nos preparamos para lo peor", añade.

Trump habla de un modelo de fraude personificado en la figura del votante -- "hay gente que va a ir a votar diez veces", declaró el pasado mes de agosto ante el periodista conservador Bill O'Reilly -- que ha sido desmentido por multitud de estudios. Según las fundaciones Carnegie and Knight, en este sentido, solo se tiene constancia de 150 casos de votaciones duplicadas en los comicios de los últimos 15 años.

Quienes denuncian la supresión de voto no llegan tan lejos como para describirlo como ilegal, pero sí avisan de una irregularidad sistémica y de un severo déficit democrático. Y los índices de participación parecen darles la razón.

ASISTENCIA BAJO MÍNIMOS

Solo un 71 por ciento de los mayores de edad en Estados Unidos están capacitados para votar en unos comicios presidenciales que rara vez rebasan el 60 por ciento de participación, frente al estándar de 75-80 por ciento en países desarrollados. Sin ir más lejos, las últimas presidenciales registraron solo un 54,9 por ciento de asistencia.

Se da la circunstancia de que siete de los 10 estados con menor participación son republicanos, consecuencia de la última batería de normas electorales, impulsadas en su mayoría por legisladores republicanos, que se aprobaron tras la declaración de la sentencia de Shelby County v. Holder; normas declaradas por varios tribunales como "intencionadamente discriminatorias" y que, según funcionarios locales, siguen aplicándose a pesar de las quejas de la Judicatura.

Entre estas normas destaca la declarada el año pasado en Texas, tachada por el Tribunal de Apelaciones de EEUU como un acto "de discriminación racial" consistente en la presentación obligatoria de un documento con foto. Parece sencillo, pero la realidad es que hay más de 600.000 texanos que carecen de esta clase de identificación y muchos de ellos pertenecen a minorías. Y si bien es posible obtener un documento de identificación electoral, para ello hay que presentar un certificado de nacimiento cuya adquisición alcanza los 50 dólares. Demasiado tiempo y trabajo para los texanos con menos medios económicos.

Texas no es un caso aislado. En Carolina del Norte y durante las legislativas de 2014 resultaron anulados 2.300 votos por incumplir una reciente normativa electoral del estado que impide la posibilidad de registrarse y votar el mismo día. Parecen pocas papeletas, pero hay que tener en cuenta que desde 2002 a 2012, hasta la declaración de la norma, solo se tenía constancia de dos votos anulados entre 35 millones de votos depositados.

Por su parte, grupos de activistas como Patriot Majority denuncian que en Indiana -- que gobierna Mike Pence, nominado por Trump como candidato a la Vicepresidencia -- la Policía local efectuó un registro en la sede del Proyecto para Registro de Votantes, donde hizo fotocopias de cientos de solicitudes de nuevos votantes, muchos de ellos de raza negra, en lo que su director, Craig Varona, denunció ante el 'Washington Post', como un acto de intimidación en el que será uno de los estados más disputados de los comicios de noviembre. La Policía ha negado estas acusaciones.

LOS REPUBLICANOS SE DESMARCAN

Los propios republicanos han rechazado los avisos de fraude de Trump, conscientes de la dificultad no reside en que "una persona vote diez veces" sino en que vote, a secas. Dificultades que el propio Grand Old Party defiende como legítimas y que sirven para evitar polémicas como las generadas en las elecciones de 2000, cuando la campaña del candidato demócrata Al Gore en Wisconsin fue acusada, según Reibus, "de llevar a vagabundos a votar a cambio de un paquete de cigarrillos". La campaña de Gore rechazó categóricamente que esto hubiera sucedido.

Pero esta incapacidad sistémica, y en particular la ausencia de "observadores", genera serias dudas entre los grupos ante la posibilidad de que esta supresión burocrática degenere en intimidación, en particular en aquellos estados con licencia para portar armas en público, donde partidarios de alguno de los dos candidatos -- de Trump, especialmente -- podrían permanecer apostados cerca de las urnas y arma a la vista de todos.

Hay que dejar claro que no existe ningún esfuerzo concertado por parte de la campaña de Trump para llamar a la intimidación de los votantes. Pero el candidato ha empleado una retórica tan inflamatoria que muchos abogados por los Derechos Civiles han advertido de que alguno de sus partidarios se contagie de ella. "Y sería un error", declara Clarke a la NPR, "ignorar lo que ha venido sucediendo durante este ciclo electoral".