Investigadores de la ONU acusan a Nkurunziza de ser personalmente responsable de abusos de los DDHH en Burundi

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una comisión de investigación de Naciones Unidas ha afirmado este martes que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, es personalmente responsable de graves violaciones de los Derechos Humanos en el país africano.

En la presentación de su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la comisión ha resaltado que durante sus tres años de investigaciones ha entrevistado a más de 1.200 víctimas, testigos y responsables y ha denunciado que el nivel de violaciones de los Derechos Humanos "es de grave preocupación".

"Podemos confirmar que las violaciones graves de los Derechos Humanos han continuado desde mayo de 2018", ha dicho, antes de agregar que entre las mismas figuran "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, arrestos y detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual".

Así, ha manifestado que "en su mayoría, estas violaciones tenían una dimensión política" y ha detallado que "algunas de las mismas fueron cometidas en el marco del referéndum constitucional de 2018", si bien "se están incrementando e incrustándose en los preparativos para las elecciones de 2020".

"El próximo año será crucial para Burundi, ya que se celebrarán en mayo las presidenciales y parlamentarias, mientras que las comunales y locales tendrán lugar entre mayo y agosto", ha destacado.

La misión ha denunciado además violaciones e intimidaciones contra los opositores al Gobierno, al tiempo que ha alertado de que "la definición sobre quién es un opositor político se ha convertido en extremadamente amplia".

"Jóvenes han sido sometidos a torturas graves, a menudo de naturaleza sexual, por parte de agentes de los servicios de Inteligencia tras ser acusados de ser miembros o apoyar a grupos armados opositores tras vivir o viajar a países vecinos", ha denunciado.

"Los periodistas y los defensores de los Derechos Humanos siguen siendo arrestados y detenidos de forma arbitraria, pero también acusados y sometidos a malos tratos para evitar que lleven a cabo sus actividades legítimas", ha agregado.

En este sentido, ha apuntado que "en general, cualquiera que no muestre apoyo al partido gubernamental ha sido atacado, así como indirectamente se ha atacado a sus familias, particularmente a las mujeres".

"Esta situación afecta principalmente a individuos que se han negado a unirse al partido gubernamental o al Imbonerakure --el ala juvenil del partido-- o que se negaron a entregar ayuda económica para la preparación de las elecciones", ha argüido.

De esta forma, la comisión ha hecho hincapié en que "la mayoría de estas violaciones fueron cometidas por miembros del Imbonerakure", así como por miembros de la Policía y de los servicios de Inteligencia (SNR).

EL PAPEL DE NKURUNZIZA

La misión ha detallado que "hay motivos razonables para creer que algunas de estas violaciones constituyen crímenes contra la Humanidad, tal y como son definidos por el Estatuto de Roma" y ha apuntado directamente a Nkurunziza.

"Bajo la nueva Constitución de 2018, el SNR no es ya una fuerza de defensa y seguridad bajo la autoridad del Gobierno y la supervisión civil del Parlamento. Queda únicamente bajo autoridad directa y control del presidente", ha recordado.

Así, ha resaltado que Nkurunziza "puede ser responsabilizado criminalmente de las acciones de los agentes del SNR, particularmente por no ejercer el control necesario sobre estos agentes, incluida la toma de medidas para hacer frente a estos crímenes internacionales y poner fin a la impunidad de la que disfrutan los responsables de los mismos".

Por otra parte, ha denunciado un deterioro de las libertades civiles, algo que ha descrito como "preocupante" en el contexto preelectoral en el que se encuentra Burundi.

"En general, cualquier afirmación que contradiga la propaganda oficial del Gobierno y del (gubernamental Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa) CNDD-FDD (...) ha sido descrito sistemáticamente como un intento de desestabilizar el país o como un ataque contra la soberanía nacional", ha especificado.

En este sentido, ha expresado su preocupación por la situación de los medios de comunicación y ha recordado que la cadena británica BBC vio revocada su licencia y que Iwacu, uno de los pocos medios independientes que quedan, ha recibido advertencias oficiales.

"UNO DE LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO"

En otro orden de cosas, la misión ha recordado que Burundi "sigue siendo uno de los países más pobres del mundo" y ha destacado que "persisten" las consecuencias negativas de la crisis política de 2015 sobre la calidad de vida.

"Se estimó que en 2019 el 56 por ciento de los niños de entre seis y 59 meses sufren desnutrición crónica y que el 15 por ciento de la población total hace frente a inseguridad alimentaria grave", ha enumerado.

"El índice de desarrollo humano de Burundi le sitúa en el puesto 185 de 189 países, con una escolarización media de tres años", ha resaltado, antes de añadir que "tras cuatro años de crisis (...), la situación en Burundi se caracteriza por la continuación de la crisis de 2015".

Así, ha dicho que esto "queda demostrado por la inestabilidad económica, la presencia de más de 340.000 refugiados burundeses en los países vecinos, la impunidad general para las violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes contra la Humanidad cometidos desde 2015 y la falta de perspectivas para una solución política a la crisis, debido principalmente a la inflexibilidad del Gobierno de Burundi durante el proceso de mediación bajo los auspicios de la Comunidad Africana Oriental".

"Reiteramos que consideramos que la crisis actual es principalmente de naturaleza política, al haber sido desencadenada por la decisión de Nkurunziza de buscar un tercer mandato en 2015", ha señalado.

"En esta crisis, la etnicidad ha sido explotada ocasionalmente para propósitos políticos", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que "los riesgos son reales y graves , pero el deterioro no es inevitable".

"Pedimos que el mandato de la comisión sea renovado un año más para garantizar que queda al menos un mecanismo internacional independiente en posición de monitorizar la situación de los Derechos Humanos en el país", ha remachado.