MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El viceministro de Exteriores de Japón, Masataka Okano, ha trasladado una queja formal al embajador de Estados Unidos en el país, Rahm Emmanuel, por dos casos de asalto sexual presuntamente cometidos por militares norteamericanos destinados en Okinawa, uno de ellos contra una menor, informa la cadena pública japonesa NHK.
De momento hay dos militares norteamericanos imputados por estos dos casos ocurridos en diciembre del año pasado y el mes de mayo de este año. El primero es un miembro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que terminó imputado en marzo, acusado de secuestro y asalto sexual a una menor de edad. El incidente tuvo lugar en Nochebuena del año pasado y la joven tenía menos de 16 años.
El segundo es un cabo de 21 años, imputado por la Fiscalía del distrito de Naha este pasado 17 de junio tras su arresto en mayo. Está acusado de intento de asalto sexual y de agresión.
El pacto que regula la presencia estadounidense en Japón, el llamado Acuerdo sobre el Estatus de Fuerzas, estipula que si la Policía japonesa arresta a un militar estadounidense por crímenes cometidos fuera de servicio, las fuerzas de seguridad japonesas tienen plena competencia sobre la investigación.
La presencia estadounidense en Okinawa es un tema extremadamente delicado de por sí por las históricas tensiones con la población local que denuncia la mera existencia del contingente, así que los incidentes violentos son especialmente sensibles.
El año 2016 fue crítico en este sentido. Primero, un marinero estadounidense fue arrestado tras provocar borracho -- seis veces el máximo legal en sangre -- un accidente de tráfico que mató a dos personas. Ese mismo verano, un contratista civil y un marine fueron arrestados por su relación con la violación y el asesinato de una joven de 20 años.
Pero el incidente más grave en este sentido fue el ocurrido en 1995, cuando tres militares alquilaron una furgoneta y procedieron a dar una paliza y a violar en grupo a una niña de 12 años. En medio de una ola de protestas populares, fueron condenados a entre seis años y medio y siete años de cárcel.