Un juez da al Departamento de Justicia hasta el 3 de julio para responder a la petición de Hawái

WASHINGTON/NUEVA YORK, 30 Jun. (Reuters/EP) -

El juez de distrito de Estados Unidos en Honolulu, Derrick Watson, ha advertido al Departamento de Justicia hasta el 3 de julio para responder a la solicitud presentada por el estado para que aclare el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el que restablece partes del veto migratorio firmado por el presidente, Donald Trump, y que afecta a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana --Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen--.

El fiscal general del estado estadounidense de Hawái, Doug Chin, pidió al magistrado --el mismo que bloqueó el veto migratorio de Trump en marzo-- que emitiera una orden "lo antes posible" para que se aclarara cómo debe ser interpretado el fallo del Supremo.

Watson, por su parte, ha ordenado a Justicia que responda a la petición de Hawái antes del próximo lunes, y ha extendido hasta el 6 de julio la fecha para que el estado presente su respuesta.

El Supremo admitió esta semana a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la suspensión judicial del decreto, restaurando así partes del veto migratorio y para refugiados, aunque en la práctica, las restricciones seguirán siendo similares puesto que podrá entrar en el país cualquiera por motivos laborales, familiares o de estudios.

Hawái ha pedido al Supremo que aclare esta decisión, argumentando que el Gobierno de Trump ha interpretado el fallo demasiado estrictamente.

En un registro presentado ante la Justicia, Hawái sostiene que el Ejecutivo de Trump ha intentado violar las instrucciones del Supremo excluyendo de Estados Unidos, de forma inapropiada, a muchas personas que tienen vínculos familiares cercanos con estadounidenses.

La orden presidencial de Trump, firmada en marzo y que entró en vigor este jueves a las 20.00 horas, prohíbe durante 90 días la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana por motivos de seguridad y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días, el periodo necesario, según la orden, para mejorar el sistema de vigilancia para evitar la infiltración de personas peligrosas.