Un juez de Ecuador dicta prisión preventiva para un exministro del Gobierno de Rafael Correa

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Archivo - Policía en Ecuador - Juan Diego Montenegro/dpa - Archivo
Publicado: sábado, 13 abril 2024 13:47

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha dictado prisión preventiva contra Walter Solís, exministro de Transporte con el expresidente Rafael Correa por el denominado Caso Reconstrucción de Manabí. Además se ha emitido petición de captura a Interpol contra Solís, quien recibió en 2021 el estatus de refugiado en México.

La Fiscalía ha acusado a Solís y a otros cinco altos cargos de malversación de fondos, incluidos los exsubsecretarios de Obras Públicas Franklin Bernal y Omar Chamarro y el exdirector del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), informa la cadena de televisión Ecuavisa.

Para el también exministro de Transporte Boris Córdova ha pedido además medidas cautelares alternativas como prohibición de salida del país y presentación periódica ante un juez y para el exdirector de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) Milton Maldonado ha pedido presentación periódica ante un juez al menos una vez al mes debido a que vive en España.

En el caso Reconstrucción de Manabí ya se encuentran procesados el exvicepresidente Jorge Glas; el exsecretario del Comité de la Reconstrucción Carlos Bernal y el exgerente de Ecuador Estratégico Pedro Ortíz. La detención de Glas la semana pasada cuando se encontraba en la Embajada de México en Quito ha provocado una ola de críticas a nivel interno e internacional.

Según Fiscalía, Glas y los otros procesados desviaron 367 millones de dólares (unos 344 millones de euros) recaudados mediante la Ley de Solidaridad, que debían usarse exclusivamente en obras prioritarias para los afectados por el terremoto en Manabí de 2016.

Debido a la emergencia evitaron el trámite de una licitación regular y destinaron los fondos al arreglo de parques y aeronaves y beneficiaron a la empresa de un familiar directo de Bernal. Asimismo, el Ministerio Público asegura que hubo sobreprecios en la adquisición de hospitales móviles e irregularidades en los reasentamientos para damnificados.

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