Un juez federal en EEUU bloquea el mandato de vacunación de los trabajadores federales contra la COVID-19

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un juez federal estadounidense ha bloqueado este viernes el mandato de vacunación para los trabajadores federales en el estado de Texas y ha remarcado que la medida es "una extralimitación" de la Administración Biden.

"El Tribunal Supremo ha sostenido expresamente que un mandato de vacunación contra la COVID-19 no es una regulación de empleo. Y eso significa que el presidente no tiene autoridad legal para emitir el mandato", ha dicho el juez Jeffrey Vincent Brown, nombrado por el expresidente Donald Trump.

Pese a calificar el mandato de vacunación como una "extralimitación", el juez ha destacado que "el presidente posee una 'amplia autoridad legal para regular las políticas de empleo del poder ejecutivo", según recoge la cadena estadounidense CNN.

El Departamento de Justicia ha presentado una apelación al fallo y el caso podría ser llevado ante el Supremo, aunque la mayoría de los trabajadores federales están ya vacunados, según ha informado el periódico 'The New York Times'.

Ante la decisión del juez, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho este viernes en rueda de prensa que el 98 por ciento de los trabajadores federales ya cuentan con la vacuna: "Este es un número relevante (...) estamos confiados en nuestra autoridad legal aquí".

El Tribunal Supremo ya bloqueó la medida para las grandes empresas a exigir a sus trabajadores que se inoculen contra el coronavirus, o al menos presentar pruebas negativas periódicas, así como a usar mascarilla en los puestos de trabajo, aunque sí ha aprobado la norma para los trabajadores de los servicios públicos de salud.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó en septiembre la vacunación contra la COVID-19 de los empleados federales con el fin de "garantizar la salud y la seguridad" tanto de ellos como de los ciudadanos a los que atienden.

Esta medida contradijo a la norma anterior decretada que permitía que los empleados públicos no se vacunasen si utilizaban las medidas de protección adecuadas y presentaban pruebas negativas de detección del virus.