Un juez prohíbe al Gobierno forzar en Nueva Guinea el aborto de una inmigrante violada en Australia

SÍDNEY, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Federal de Justicia australiano ha ordenado al ministro de Inmigración, Peter Dutton, no forzar el aborto de una inmigrante que ha sido expulsada del país tras haber denunciado que fue violada en un centro de internamiento australiano. La chica ahora pretende abortar en Australia.

El tribunal ha rechazado el procedimiento de expulsión a Papúa Nueva Guinea porque en ese país además de ser ilegal el aborto salvo en casos de riesgo para la salud de la madre, no hay medios seguros para la realización de esta práctica, informan los medios australianos. Sin embargo, el aborto sí es legal en Nauru, la isla australiana donde está el centro de detención donde fue violada.

La inmigrante es de origen africano y ha sido identificada en los documentos judiciales únicamente con el nombre S99. Denuncia haber sido violada en un centro de detención tras intentar alcanzar las costas australianas en barco. La violación se habría producido cuando tras desmayarse, cuando estaba inconsciente.

La joven se encuentra ya en la ciudad de Puerto Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, adonde fue deportada, pero su abogado, George Newhouse, asegura que tras la sentencia debería poder ser llevada de vuelta a Australia para el aborto. "El tribunal ha dejado claro que el ministro debe darle opción (al aborto) en un lugar seguro y legal", ha argumentado. "Sus complicaciones neurológicas y ginecológicas exigen que sea tratada en un lugar con un cierto nivel de atención y no se da ni en Nauru ni en Papúa Nueva Guinea", ha apostillado.

Sin embargo, el dictamen judicial prohíbe a Dutton organizar el aborto en Papúa Nueva Guinea y reconoce dejación de funciones del ministro, pero no le ordena reubicar a la chica en Australia. Desde el Gobierno han respondido tras la decisión judicial que el caso está "bajo consideración".

"No tiene medios. Ha dependido y depende del ministro para alimentarse, tener un techo, seguridad y atención sanitaria", señala el dictamen del tribunal.