MADRID 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez del Tribunal Supremo de Brasil Gilmar Mendes ha dicho que cree que el discurso dado por el expresidente Jair Bolsonaro durante la marcha que encabezó el pasado domingo en Sao Paulo "parece" una de declaración de culpabilidad por la supuesta trama golpista para evitar salir del poder tras las elecciones de octubre de 2022.
"Parece que sí, parece que todos lo sabían", ha respondido de esta manera el magistrado del Supremo cuando en una entrevista para el periódico 'Estadao' se le ha preguntado si cree que las palabras del expresidente son una confesión.
El pasado domingo, el expresidente Bolsonaro se dio un baño de masas en pleno centro de Sao Paulo, en donde acudieron miles de sus seguidores para mostrarle su apoyo, mientras avanza la investigación contra él.
En un discurso que para muchos sonó inculpatorio, Bolsonaro desdeño las acusaciones de golpe, alegando que no habían salido tanques a la calle y que lo único que tiene la Policía es un "borrador de un decreto del estado de la defensa".
Ese informe es el llamado 'borrador golpista', encontrado en la casa del que fue su último ministro de Justicia, Anderson Torres, en el marco de la operación militar por los ataques a las instituciones del 8 de enero de 2023.
En él, entre otras cosas, se contemplaba una intervención en el Tribunal Superior Electoral (TSE) para revertir el resultado de aquellas presidenciales en las que finalmente logró imponerse Luiz Inácio Lula da Silva, así como la detención de algunos jueces del Tribunal Supremo, como Alexandre de Moraes.
"Tenemos todos estas pruebas y tal vez por eso decidió hacer ese movimiento, para mostrar que tiene el apoyo popular, que continúa siendo relevante ante la opinión pública", no obstante, ha apuntado, "eso no cambia nada la línea de investigación, ni cualquier juicio del Tribunal Supremo".
Gilmar ha destacado que por ahora se han recabado "importantes" indicios de "intenciones golpistas" y considera que "no tiene ningún sentido" la petición de Bolsonaro de amnistiar a quienes están bajo investigación por los ataques del 8 de enero porque aquello fue "la amenaza más grave a la democracia" tras la dictadura.