BRUSELAS, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Europea y el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, han acordado volver a reunirse "a finales de febrero" para continuar sus conversaciones sobre la relación entre ambas partes después de que Bruselas iniciase el proceso sancionador por amenaza del Estado de derecho a voto a Varsovia en la toma de decisiones a Veintiocho.
En un comunicado conjunto, ambos líderes señalan que la cena de trabajo que mantuvieron este martes se desarrolló con una "atmósfera amistosa" en la que el jefe del Ejecutivo comunitario y el primer ministro polaco "abordaron un amplio abanico de temas de interés común".
Entre ellos, el texto consensuado cita "una discusión detallada sobre cuestiones relacionadas con el Estado de derecho", aunque sin aportar más detalles de la misma. Además, Juncker y Morawiecki hablaron sobre "el futuro de la UE, la posición polaca dentro de la UE y las políticas comunitarias sobre el mercado único, el mercado único digital, energía y migración".
"El primer ministro de Polonia y el presidente de la Comisión Europea han tenido una extensa y constructiva discusión esta noche", explica el comunicado. "Han acordado que se reunirán de nuevo para continuar el debate para progresar a finales de febrero", añade después.
El encuentro ha tenido lugar horas después de que Morawiecki anunciara la renovación de gran parte de su Gobierno, en la que ha apartado a varios miembros clave del gabinete en un aparente cambio para mejorar las relaciones con Bruselas tras la apertura del expediente en diciembre por sis reformas judiciales.
En concreto, a la Comisión Europea le preocupa especialmente las reformas del sistema judicial emprendidas por Varsovia y que, a su juicio, pone en grave riesgo la independencia de los jueces y somete al Poder Judicial al control del Gobierno.
También cree que perjudican la aplicación de las leyes europeas en el país en cuestiones tan diversas como la custodia de menores o la ejecución de euroórdenes de detención y entrega.
En cualquier caso, para avanzar en el proceso es necesario que el Consejo, tras escuchar a Polonia y con el apoyo de al menos dos tercios de la Eurocámara, adopte una decisión formal para confirmar que existe un "riesgo claro de violación grave" del Estado de derecho. Esta decisión requiere una mayoría de cuatro quintos del Consejo, es decir, el apoyo de 22 de los 27 países.
La siguiente etapa, que implica reconocer que existe la violación "grave y persistente" del Estado de derecho y no solo el riesgo de que esto ocurra, necesitará la unanimidad de los Estados miembros para ser efectiva.