BANGKOK, 29 Ago. (Reuters/EP) -
La junta militar de Tailandia ha cesado este martes el director de la Oficina Nacional sobre Budismo, Pongporn Pramsaneh, tras las presiones efectuadas por grupos religiosos para que fuera despedido por sus planes para que los más de 40.000 templos del país hicieran públicas sus cuentas.
Pongporn fue nombrado al frente de la oficina en febrero y prometió actuar tras los últimos escándalos financieros en algunos templos del país, que recaudan miles de millones de euros en donaciones cada año.
El nombramiento tuvo lugar en medio de las tensiones entre las fuerzas de seguridad y las autoridades del influyente templo de Dhammakaya, cuyo líder iba a ser interrogado por cargos de blanqueo de dinero. A día de hoy, continúa fugado.
El líder de la junta y primer ministro, Prayuth Chan Ocha, ha subrayado que el cese de Pongporn no es un castigo contra él, destacando que "ha logrado hacer parte de su trabajo". "Vino para solucionar los problemas en el templo", ha agregado.
"Ahora le traigo más cerca de mi para que me ayude a trabajar en las reformas religiosas. Eso no es un castigo", ha recalcado.
Por su parte, Pongporn ha manifestado que "ha llevado a cabo sus tareas de la mejor forma posible", en declaraciones concedidas a la agencia británica de noticias Reuters.
A pesar de los últimos escándalos en templos por asesinatos, sexo y consumo de drogas, así como acuerdos financieros ilícitos, las palabras de Pongporn sentaron mal entre algunos monjes.
La Federación de Budistas de Tailandia pidió su cese, argumentando que "presentó a los monjes como villanos ante los ojos de los tailandeses", tal y como ha explicado su secretario general, Korn Meedee.
En julio, otro grupo budista pidió el cese de Pongporn afirmando que había dañado a la institución budista.
El budismo es uno de los tres pilares tradicionales de la sociedad tailandesa, junto a la nación y la monarquía, y ha eludido en general el control de la junta desde el golpe de Estado de 2014.
La Oficina Nacional sobre Budismo es responsable de la administración estatal de la religión, seguida por el 90 por ciento de la población del país, integrada por 67 millones de personas. Sin embargo, los asuntos religiosos son gestionados por el Consejo Supremo de Sangha.