La Justicia argentina inicia diligencias tras la denuncia de HRW contra Bin Salmán por el caso Jashogi y Yemen

BUENOS AIRES, 28 Nov. (Reuters/EP) -

El juez federal Ariel Lijo ha iniciado este miércoles las diligencias en torno a la denuncia presentada por Human Rights Watch (HRW) contra el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, por el asesinato del periodista saudí Yamal Jashogi y los crímenes cometidos en la guerra civil de Yemen.

La oficina de Lijo ha informado a Reuters de que el juez federal ha solicitado al Ministerio de Exteriores que pida información a Turquía, Yemen y el Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre ambos asuntos para estudiar la viabilidad de la denuncia contra Bin Salmán.

"Se ha ordenado librar exhorto a Turquía, Yemen y el TPI para determinar justamente si existen procesos en trámite por los hechos denunciados por Human Rights Watch", ha dicho al medio británico una portavoz del juzgado de Lijo.

Según la agencia de noticias oficial de Argentina, Télam, Lijo ha dado curso así a una petición realizada por el fiscal del caso, Ramiro González, que busca determinar si Bin Salmán está siendo investigado ya en otros países por estos mismos hechos.

Télam asegura que Lijo ha enviado exhortos a las autoridades judiciales de Arabia Saudí y Yemen, a los que Reuters añade Turquía y el TPI.

En el escrito, González subraya que Bin Salmán es "una de las máximas autoridades del Estado" saudí, por lo que se debe proceder con "las máximas garantías" con el fin de "mantener las buenas relaciones entre los sujetos del Derechos Internacional".

DENUNCIA DE HRW

HRW anunció el lunes que ha remitido una serie de información sobre Bin Salmán a las autoridades argentinas "con la esperanza de que investiguen la complicidad y responsabilidad del príncipe saudí por posibles crímenes de guerra en Yemen, así como la tortura de civiles, incluido Yamal Jashogi".

El caso Jashogi ha puesto a Bin Salmán en el foco internacional por su presunta implicación en el asesinato del periodista, que murió a manos de agentes saudíes en el interior del consulado en Estambul, a donde acudió el 2 de octubre para gestionar los papeles para casarse.

Este crimen se suma a los crecientes reproches de la comunidad internacional a Riad por su papel en la guerra yemení. Naciones Unidas ha culpado en sucesivos informes a Arabia Saudí de multiplicar las víctimas civiles, incluidos niños, con sus ataques aéreos.

La denuncia de HRW ha caído en manos de Lijo, que a su vez se la ha remitido el fiscal González, el mismo que dio curso a las investigaciones en Argentina sobre los crímenes del franquismo.

El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, ha celebrado la reacción de la justicia argentina porque "está enviando un claro mensaje de que ni siquiera los poderosos como Mohamed bin Salmán están por encima de la ley y serán escrutados por su implicación en graves crímenes internacionales".

Roth ha subrayado que "una nube de sospecha se cernirá sobre él mientras intenta reconstruir su perjudicada reputación en el G-20", por lo que "los líderes internacionales deberían pensárselo dos veces antes de posar para fotografiarse con alguien que podría ser investigado por crímenes de guerra y tortura".

LA "INMUNIDAD" DE BIN SALMÁN

Interrogado por el periódico argentino 'Clarín' sobre este asunto, el viceministro de Exteriores, Daniel Raimondi, se ha limitado a recordar que Bin Salmán goza de "inmunidad por el rol que esta ejerciendo en calidad de representante de un Estado soberano".

Fuentes de la Cancillería han aclarado a 'Clarín' que "no existe base jurisdiccional en la legislación argentina, ni antecedentes bajo el Derecho Internacional, que habiliten la detención de un funcionario de su rango en funciones aún por crímenes internacionales", por lo que Bin Salmán no sería detenido.

El príncipe heredero ha llegado este miércoles al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde ha sido recibido por el ministro de Exteriores, Jorge Faurie, para participar en la cumbre del G-20 que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires.

La Constitución de Argentina reconoce la jurisdicción universal, lo que significa que sus tribunales pueden investigar los crímenes internacionales y las graves violaciones de los Derechos Humanos independientemente de dónde se produzcan y quiénes sean sus responsables y sus víctimas.