La justicia aún se hace esperar en RCA dos años después de la creación del Tribunal Penal Especial

Amnistía denuncia la impunidad que permite que los grandes responsables de los abusos de DDHH aún sigan en libertad

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La justicia para las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos en República Centroafricana (RCA) se está haciendo esperar. Dos años después de que echara a andar el Tribunal Penal Especial (TPE) apenas hay unos pocos casos abiertos, de los que apenas hay información, y la mayoría de los responsables de los abusos aún no han sido llevados ante la justicia, lo que perpetúa el clima de impunidad, denuncia Amnistía Internacional.

En un informe con motivo del segundo aniversario del inicio del Tribunal Penal Especial, la ONG ha llegado a la conclusión de que las deficiencias en el funcionamiento de dicha corte y su falta de transparencia han entorpecido sus avances. A esto se suma que el sistema nacional de justicia del país es demasiado frágil para abordar la enorme magnitud de las violaciones de Derechos Humanos cometidas en los últimos años.

El Tribunal Penal Especial es un órgano judicial híbrido apoyado por la ONU y encargado de investigar y enjuiciar crímenes de Derecho Internacional y otras violaciones graves de Derechos Humanos cometidas en RCA desde enero de 2003. Fue establecido en junio de 2015, pero no comenzó su andadura hasta el 22 de octubre de 2018. Su función es la de completar el mandato del Tribunal Penal Internacional (TPI) y los tribunales ordinarios del país.

"Desde 2002, la población civil ha soportado la mayor parte de las sucesivas olas de violencia y de conflicto armado en el país. Miles de personas han sido asesinadas y violadas, y más de medio millón continúan desplazadas", ha destacado la directora para África Occidental y Central de Amnistía, Samira Daoud, para quien "la impunidad es una afrenta a las víctimas y un cheque en blanco a los perpetradores".

Según Daoud, "la puesta en marcha del Tribunal Penal Especial fue un rayo de esperanza para las víctimas, pero los avances son lentos". Además, "el sistema nacional de justicia padece una grave falta de recursos", ha precisado.

SOLO 10 PROCESOS ABIERTOS Y 21 DETENIDOS

Hasta el momento, la oficina del fiscal especial del TPE ha recibido al menos 122 denuncias y, en estos momentos, hay 10 casos abiertos ante los jueces de instrucción. Sin embargo, se sabe muy poco sobre los hechos y crímenes que se investigan o los avances en cada caso, según Amnistía, que critica que los procedimientos adolecen de falta de transparencia y la población desconoce la identidad de los sospechosas detenidos en espera de juicio.

En cuanto a las 21 personas detenidas, tres lo fueron tras los asesinatos que tuvieron lugar en mayo de 2019 en Paoua (noroeste), nueve fueron detenidas el pasado 19 de mayo en relación con los asesinatos ocurridos en 2019 y 2020 en Ndele (noreste) y las otras nueve fueron detenidas el 25 de mayo en relación con los ataques contra civiles que tuvieron lugar en 2020 en Bambouti, Obo y Zemio (sureste).

"La mayoría de las personas sobre las que presuntamente recae la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos desde 2012 por ambas partes, ex combatientes de Séléka y combatientes antibalaka, todavía circulan libremente por el país y algunas continúan cometiendo violaciones de Derechos Humanos", ha denunciado Daoud.

PROBLEMAS DEL TPE

Pese a que las investigaciones comenzaron en 2019 y se espera que los juicios empiecen en 2021, la puesta en marcha del TPE se está topando con algunos problemas, como la contratación de jueces internacionales y el retraso en el establecimiento de un sistema de asistencia letrada gratuita.

Así, Amnistía ha podido constatar dificultades para recibir solicitudes idóneas de jueces internacionales debido a la situación política y de inseguridad en el país y a la necesidad de contar con personas de habla francesa con experiencia en el sistema de derecho civil.

"A pesar de que los esfuerzos de las autoridades para combatir la impunidad a través del Tribunal Penal Especial son una buena noticia, lo cierto es que muchas víctimas aún esperan que se haga justicia por crímenes que se cometieron hace casi dos decenios", ha lamentado Daoud, subrayando que "es necesario que se haga justicia y que se vea que se hace justicia".

Por ello, la responsable de Amnistía ha pedido a los estados miembros de la ONU que "consideren la posibilidad de hacer contribuciones al Tribunal Penal Especial para que pueda cumplir su mandato e impartir por fin justicia" y en particular ha pedido a los países francófonos que "presenten urgentemente solicitudes de jueces que puedan servir en el tribunal".

DIFICULTADES DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS

Por lo que se refiere a los tribunales ordinarios del país, estos reanudaron en 2015 los procesos penales sin embargo el sistema está aquejado de una la falta de personal, de infraestructura y de material. Según Amnistía, d los 24 tribunales previstos en la ley solo hay 16 operativos.

A esto se suma el hecho de que el número de procesos penales que se tramitan anualmente sigue estando por debajo del nivel mínimo exigido por la ley y el número de casos que van a juicio es insuficiente teniendo en cuenta la magnitud de los crímenes cometidos desde 2002. En 2019, sólo se concluyeron 20 causas penales en todo el país.

Amnistía ha reconocido que es "difícil" saber el número exacto de procesos penales relacionados con el conflicto que se han abierto ante tribunales penales ordinarios en RCA y si cumplen con las normas internacionales sobre juicios justos.

No obstante, todo apunta que los procesos abiertos han sido contra personas de baja graduación y están relacionados con crímenes contra el Estado y no con violaciones y abusos de Derechos Humanos, si bien ha habido algunas excepciones.

El pasado febrero, el tribunal de Bangui dictó su primera sentencia condenatoria por crímenes de Derecho Internacional por un ataque perpetrado por antibalaka en mayo de 2017 en Bangassou (sureste) en el que murieron 72 personas, entre ellas diez miembros de la Misión de la ONU (MINUSCA) y miles fueron obligadas a huir de la ciudad.

Cinco personas identificadas como líderes antibalaka fueron declaradas culpables de varios cargos relacionados con crímenes de guerra y de lesa humanidad durante un juicio cuyas vistas fueron retransmitidas íntegramente por radio y televisión.

Además, en julio de 2020 se nombraron jueces militares por primera vez desde la aprobación del código de justicia militar de 2017, lo que abre la puerta a futuros procesos ante tribunales militares. En este sentido, Amnistía ha recordado que la ley debe excluir de forma explícita de la jurisdicción de los tribunales militares los crímenes cometidos contra personas civiles.

"Puesto que grupos armados como los ex combatientes de Séléka y los combatientes antibalaka continúan cometiendo ataques contra civiles, es evidente que hay que hacer mucho más para poner fin un a un ciclo de impunidad que sigue causando demasiado sufrimiento", ha defendido Daoud.

Para la responsable de Amnistía, "el derecho de las víctimas a obtener justicia, verdad y reparación en un plazo razonable no debe sacrificarse en nombre de cálculos políticos, que además con mucha frecuencia han demostrado ser contraproducentes".

Por tanto, ha remachado, "la lucha contra la impunidad debe seguir teniendo máxima prioridad. La justicia contra los rangos bajos y sin el debido proceso no será justicia".