MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Justicia brasileña ha condenado al Gobierno presidido por Jair Bolsonaro a pagar una multa de cinco millones de reales (unos 850.000 euros) por daño moral al colectivo de las mujeres y deberán invertir en campañas de sensibilización.
La Fiscalía ha enumerado una serie de declaraciones del propio presidente, así como de la ministra de Mujer, Damares Alves; y de su homólogo en el área de Economía, Paulo Guedes, según informa el medio local 'Globo'.
El Tribunal Federal de Sao Paulo ha ordenado al Gobierno compensar a la población mediante el pago de una multa por daño moral causado por declaraciones de Bolsonaro y sus ministros, que "discriminan y refuerzan los prejuicios contra las mujeres", aunque la decisión puede ser apelada.
También se deberán invertir cerca de diez millones de reales (en torno a 1,7 millones de euros) en campañas de sensibilización y contra la violencia, el acoso y la desigualdad contra las mujeres; en favor de los derechos de las víctimas de violencia a tener seguridad, salud y asistencia pública; y sobre la implantación de políticas públicas orientadas a la igualdad de género.
"Los hechos y las evidencias plasmados en los expedientes muestran la despreocupación e incluso la burla de los agentes del Gobierno con la situación de marginación social de los cuidados brasileños, además de denotar el absoluto desprecio al deber institucional de promover la Igualdad de Género y el principio de moral administrativa", ha escrito la jueza del quinto Juzgado Civil Federal de Sao Paolo, Ana Lucía Petri.
Entre las declaraciones que se han tenido en cuenta, destaca la que dijo el presidente en abril de 2019, cuando afirmó que "Brasil no puede ser el paraíso del turismo gay", y añadió que aquellas personas que quisieran desplazarse al país sudamericano a "tener sexo con una mujer" lo podría hacer sintiéndose "libre" ya que "no puede ser conocido, como el paraíso del mundo gay".
La Justicia ha entendido, entonces, que las declaraciones del presidente constituyen un abuso de la libertad de expresión en el desempeño del poder estatal.