BRUSELAS, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europa ha rechazado la demanda de la eurodiputada del Frente Nacional Marine Le Pen contra la decisión de la Eurocámara de reclamarle la devolución de fondos europeos por supuesto uso fraudulento y de embargarle la mitad del sueldo hasta que lo haga.
La agencia anticorrupción de la UE (OLAF) confirmó el fraude en el uso de fondos de la institución para los asistentes parlamentarios en dos casos, el de una asistente parlamentaria y un guardaespaldas que cobraron de los fondos previstos por la Eurocámara pese a cumplir tareas de relevancia e incompatibles en el Frente Nacional.
La Eurocámara reclamó a Le Pen que devuelva 340.000 euros, 298.497 euros de los cuáles tenía que haber devuelto antes del 31 de enero, y le notificó que si no abonaba dicha cantidad antes de esta fecha le retendría la mitad de su sueldo, el 100% de los gastos generales a excepción de los debidamente justificados y el 50% de las dietas de viaje.
El Tribunal de Justicia de la UE ha desestimado la petición de la eurodiputada del Frente Nacional para suspender la ejecución o introducir medidas provisionales contra la decisión de la Eurocámara para que devuelva los 298.497 euros y congelalrle parte del suelo y dietas hasta que lo haga.
La eurodiputada alegó que tanto la devolución de dicha suma "importante" como el embargo de parte de su sueldo y dietas tendría un "grave perjuicio" para poder ejercer sus funciones como eurodiputada en plena independencia y de manera eficaz y llevaría a su "ruina financiera".
En su sentencia de este jueves, el Tribunal europeo ha dictaminado que el hecho que el Parlamento proceda a "una recuperación por compensación no puede ser considerado en sí" como un acto que vaya "en contra del ejercicio efectivo y en plena independencia" de su mandato de eurodiputada y, respecto a la decisión de embargarle parte del sueldo, aclara que tampoco "se puede concluir que esta reducción vaya contra el ejercicio efectivo del mandato de la querellante con el fin de establecer la existencia de un daño grave".
Además, rechaza el argumento de Le Pen de que paralizar la ejecución de la decisión de la Eurocámara sea necesaria para evitar su ruina financiera teniendo en cuenta que "la querellante no ha aportado ningún estado de su situación financiera personal" y se ha limitado a enviar su declaración de la renta y concluye, por tanto, que su "demanda referida es rechazada".