La Justicia de Túnez condena a prisión a cuatro opositores en tres casos diferentes

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Túnez ha condenado este jueves a prisión a cuatro políticos opositores en tres casos diferentes enmarcados en un aumento de las detenciones y condenas contra opositores en el país durante los últimos meses, a los que se les suele acusar de "terrorismo", de "corrupción" o de "insultar a cargos públicos".

Un tribunal de primera instancia de la ciudad Túnez ha sentenciado a cuatro años y seis meses de cárcel a Riad Ben Fadhel, un alto cargo del izquierdista Frente Popular de Túnez, quien fue detenido en noviembre de 2023 en el aeropuerto de Túnez-Cartago tras su vuelta del extranjero, y es que estaba siendo investigado en un caso relacionado con la adquisición de vehículos del entorno del expresidente tunecino Zine el Abidine Ben Alí después de ser derrocado en 2011.

Además, se le ha impuesto una fianza de dos millones de dínares tunecinos (casi 600.000 euros), según ha informado el portal de noticias Kapitalis.

Por otro lado, otro tribunal de primera instancia ha condenado a seis meses de prisión a Maher Zid, un alto cargo del islamista Al Karama, y un año de cárcel contra el exportavoz del Ministerio del Interior Mohamed Ali Aruri por "difamar" y formular "falsas acusaciones" contra un cargo público.

Ali Aruri, que lleva detenido desde 2022, ha sido encontrado culpable de entregar información "difamatoria" sobre un funcionario a Zid mientras ocupaba su puesto de portavoz. Este último, por su parte, "dañó" a esta persona al reproducir la filtración desde un programa de radio.

Durante la misma jornada, la Justicia tunecina ha condenado a ocho meses de prisión a una alto cargo del Partido Destouriano Libre (PDL), Meriem Sassi, por falsificar sus datos de conexión informática en el registro de una ofician de la Presidencia, aunque su equipo legal aseguró que había sufrido un ataque cibernético.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace más de dos años una deriva autoritaria del presidente del país, Kais Saied, y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas, así como las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.

Saied asumió poderes adicionales en 2021 cuando cerró el Parlamento electo, dominado por la formación islámica Ennahda, y pasó a gobernar por decreto antes de asumir la autoridad sobre el poder judicial, una acción por la que asumió todas las competencias estatales y considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado.