MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha afirmado este martes que espera que las próximas elecciones generales se produzcan antes de un posible aumento del gasto en defensa, sin especificar la fecha.
"Vamos a pedir al pueblo que asuma una carga adicional a partir de un momento apropiado entre 2024 y 2027. Vamos a decidir la fecha de inicio, pero creo que antes habrá elecciones", ha explicado Kishida en una entrevista a medios japoneses.
El Gobierno nipón presentó el viernes pasado unos presupuestos anuales caracterizados por una asignación de tamaño sin precedentes al gasto militar del país de 6,8 billones de yenes (unos 48.000 millones de euros) para sustentar la nueva y agresiva política de defensa estratégica planeada para contrarrestar la amenaza que representa Corea del Norte y la expansión china en la región del Indo-Pacífico.
El documento se trata de la revisión estratégica más ambiciosa desde la II Guerra Mundial, una que podría anticipar un giro radical a una histórica política limitada a la "autodefensa" nacional, y por la que las fuerzas niponas acabarían capacitadas para lanzar contraataques fuera de sus fronteras.
La nueva partida de gasto en defensa para 2023 aumenta en un 26,4 por ciento respecto al año pasado y representa el primer paso para romper el techo histórico de asignación del 1 por ciento del PIB al sector militar, con la intención de subirlo hasta el 2 por ciento en el año 2027, en línea con las expectativas de la OTAN, a pesar de que la salud fiscal del país es la peor entre las principales economías industrializadas, con una deuda pública que representa más del doble del PIB.
Este anuncio ha encontrado la resistencia entre los ciudadanos, al estar destinada a financiar una expansión sin precedentes del gasto en defensa. De hecho, supervivientes de las bombas atómicas se manifestaron este lunes en Hiroshima para protestar contra el plan del Gobierno.
Los asistentes a la marcha argumentaron que la decisión del Ejecutivo de Fumio Kishida de estipular la capacidad de contraataque viola la Constitución del país, ya que esta establece una histórica política limitada a la "autodefensa" nacional. "El aumento gasto militar "no conducirá a una solución pacífica", criticaron los manifestantes.