Libia decreta un toque de queda por la crisis del coronavirus en medio de las protestas anticorrupción

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, reconocido internacionalmente, ha decretado este miércoles un toque de queda de 24 horas para los próximos cuatro días en Trípoli, la capital, como medida de contención de la pandemia, en medio de las protestas callejeras contra la corrupción lideradas por grupos de jóvenes descontentos.

Tras los primeros cuatro días de reclusión total, informa la agencia Bloomberg, el toque de queda se flexibilizará durante los siguientes diez días, siendo fijada la prohibición de circular libremente por las calles entre las 21:00 y las 6:00 horas del día siguiente.

No obstante esta restricción se mantendrá durante las 24 horas de los viernes y sábados, según el comunicado emitido por el Gobierno de Libia a través de sus redes sociales.

La medida es una de las propuestas lanzadas por las autoridades para intentar frenar el avance del nuevo coronavirus en el país, que hasta la fecha, según recoge la Universidad Johns Hopkins, ha registrado 11.834 casos acumulados y 210 fallecidos.

Libia vive sumido en el caos desde la caída de Muamar Gadafi en octubre de 2011 pero la situación se recrudeció en abril de 2019, cuando las fuerzas lideradas por el comandante Khalifa Haftar lanzaron una ofensiva para hacerse con Trípoli, sede del Gobierno de unidad reconocido por Naciones Unidas, tras varios años de intentos infructuosos de lograr una solución política a la fragmentación en diversas administraciones del país.

Sin embargo, la intervención militar turca este año cambió las tornas y ha permitido a las fuerzas leales al Gobierno de Trípoli no solo romper el cerco sobre la capital, sino que han llegado hasta el centro de la costa del país y están a las puertas de la histórica región de Cirenaica, bastión de Haftar. A su vez, el general ha contado con el respaldo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia.

La duplicidad institucional se retrotrae a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido de un acuerdo en 2015, consiguieran pactar su unificación desde entonces.