TORONTO 5 Oct. (Reuters/EP) -
El líder del principal del partido conservador de Canadá, Andrew Scheer, ha prometido este viernes "tomar medidas enérgicas" contra las armas de fuego, si gana las elecciones que se celebrarán el próximo 21 octubre.
Scheer ha acusado al actual primer ministro, Justin Trudeau, de ser "débil" en lo que respecta a la delincuencia. Las encuestas apuntan a que los liberales de Trudeau podrían perder el poder frente a los conservadores de Scheer en los próximos comicios, en medio del malestar generado por la publicación de una antigua foto del primer ministro con la cara pintada de negro, así como otros escándalos.
Sin embargo, para que los conservadores puedan tener la oportunidad de vencer al partido de Trudeau, tienen que aumentar su influencia en Toronto, la ciudad más grande de Canadá, donde las muertes por disparos han aumentado en este último año en medio de los enfrentamientos constantes entre pandillas.
Durante el acto de campaña, Scheer ha prometido que los conservadores de centro-derecha introducirán --si ganan las elecciones-- una sentencia mínima de cinco años de prisión obligatoria para los delitos violentos de pandillas, con una nueva sentencia mínima de cinco años de prisión obligatoria por posesión de un arma de fuego de contrabando de las mismas.
Además, esta reforma identificaría a las pandillas como entidades criminales y harían un esfuerzo para detener el contrabando de armas desde Estados Unidos. "Dirigiré un Gobierno que cumpla con su deber más sagrado: mantener a salvo a sus ciudadanos y sus calles", ha manifestado Scheer.
Trudeau se comprometió el mes pasado a prohibir los fusiles de asalto de tipo militar e informó de que Ottawa trabajaría para dar a los municipios la capacidad de restringir o prohibir aún más las armas de fuego.
El primer ministro también acusó a los conservadores de estar "en el bolsillo del lobby de las armas", citando la negativa del partido a adoptar una postura igualmente dura con los fusiles de asalto. Aún así, una reglamentación más estricta podría provocar una reacción política negativa en un país en el que alrededor de dos millones de personas tienen licencia para poseer un arma de fuego.