BOMBAY 12 Dic. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
La lucha por el territorio y los recursos ha provocado un aumento de la violencia en diversas partes del mundo, donde unas 176 personas, principalmente agricultores, indígenas y abogados defensores de los Derechos Humanos, han muerto este año, según ha denunciado el grupo de abogados PAN de Asia y el Pacífico (PANAP), que ha alertado de que la situación podría empeorar.
Las autoridades han detenido durante los últimos once meses a cerca de 120 personas en relación con una serie de conflictos territoriales con las comunidades rurales e indígenas. En 2015, el número de arrestos no sobrepasó los 82.
"Los Derechos colectivos sobre la tierra, los recursos y la cultura están siendo violados por las corporaciones y los gobiernos", ha señalado la directora del PANAP, Sarojeni Rengam. "El fuerte incremento en la cifra de muertos y en el número de atrocidades contra las comunidades rurales se respalda en la impunidad", ha añadido.
En la mayoría de los casos, las comunidades que luchan por la tierra y la defensa del medio ambiente se enfrentan a compañías, gobiernos y mafias, que explotan el territorio para obtener productos como aceite de palma, minerales y madera, entre otros.
La ONG Global Witness registró 185 muertes en 16 países durante 2015, la mayoría de ellas en Filipinas, Indonesia y Camboya. En Latinoamérica los países más afectados fueron Honduras, Bolivia y Perú, según datos del PANAP.
Los abogados han alertado de que los conflictos entre las comunidades rurales, los gobiernos y las empresas continuarán intensificándose, lo que provocará el desplazamiento interno de la población tribal y los agricultores en numerosos lugares.
Los proyectos de infraestructuras en China están provocando el desplazamiento de las comunidades rurales tanto en el interior del país como en diferentes puntos de la región. Por otra parte, el acoso y la muerte de los activistas en India continúa aumentando mientras las empresas buscan ampliar el territorio para fines industriales, según PANAP.
En Brasil, más del 20 por ciento de los defensores de los Derechos Humanos han muerto en el último año. Sin embargo las comunidades siguen luchando, protestando y buscando ayuda legal para enfrentarse a la situación.