Magistrados filipinos solicitan al Tribunal Supremo que detenga la guerra contra las drogas

MANILA, 11 Oct. (Reuters/EP) -

Un grupo de magistrados filipinos ha presentado este miércoles una petición ante el Tribunal Supremo de Filipinas para que ponga fin a la campaña contra las drogas puesta en marcha por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, ya que alegan que las operaciones policiales, que han dejado más de 3.000 muertos, son "ilegales".

La directiva del Gobierno filipino para la guerra contra las drogas, iniciada hace más de 15 meses, permite que la Policía "neutralice" a sus objetivos, lo que les concede licencia para matar a supuestos narcotraficantes con total impunidad y sin tener que reunir pruebas que demuestren su culpabilidad, según han denunciado los magistrados.

La práctica de crear listas con las denominadas como "personalidades de la droga" y de animar a los ciudadanos a delatar a sus vecinos es equivalente a crear una "lista negra", han asegurado en la denuncia presentada este miércoles. Los magistrados han solicitado la intervención de la Justicia filipina en los miles de casos en los que ciudadanos filipinos han muerto a manos de la Policía.

"La guerra contra las drogas que está llevando a cabo el Gobierno no va a parar el narcotráfico, el crimen y la corrupción", ha asegurado Jose Manuel Diokno, presidente de Free Legal Assistance Group (FLAG), la asociación legal que ha presentado el escrito ante el Supremo.

"Sólo va a resultar en la muerte de más y más personas, sobre todo entre los más pobres", ha añadido. La denuncia de FLAG se ha producido en un momento en el que el escrutinio público sobre la campaña antidroga ha aumentado considerablemente. No obstante, Duterte ha asegurado en varias ocasiones que no cesará en su lucha contra las drogas y que está "dispuesto a ir a la cárcel" con tal de proteger a los filipinos de crímenes relacionados con las adiciones.

El portavoz de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), Diodardo Carlos, ha dicho que "aplaude la presentación de la petición ante el Tribunal Supremo".

A pesar de que la mayoría de los filipinos apoyan las medidas de Duterte, las últimas encuestas de opinión muestran que el presidente ha sufrido una importante caída en popularidad debido a la cantidad de muertes que ha dejado tras de sí su campaña contra la droga.

De acuerdo con los datos de la PNP, unas 3.900 personas han muerto en operaciones policiales por resistirse de manera violenta a los arrestos. La oposición de Duterte, por el contrario, asegura que el número de muertes es mucho mayor y que se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales.