Más de 1.000 musulmanes rohingya podrían haber sido ejecutados por el Ejército birmano

COX'S BAZAR (BANGLADESH), 8 (Reuters/EP)

Más de 1.000 musulmanes rohingya podrían haber sido ejecutados por las fuerzas de seguridad birmanas durante la campaña de represión que están llevando a cabo contra esta minoría en el estado de Rajine, lo que supondría que la cifra real de muertos es mucho mayor de la reconocida por el Gobierno, según han informado fuentes de Naciones Unidas a las que ha tenido acceso en exclusiva la agencia de noticias Reuters.

Reuters ha podido contactar con dos altos cargos de dos agencias humanitarias de Naciones Unidas que están trabajando en Bangladesh, donde casi 70.000 rohingya han llegado procedentes de Birmania huyendo de la violencia.

"Hasta ahora sólo se ha hablado de centenares de muertos. Es más que probable que esto se trate de una subestimación. Podríamos estar hablando de miles de víctimas" ha asegurado uno de los cargos de la ONU de forma anónima.

El portavoz del Gobierno de Birmania, Zaw Htay, ha dicho este miércoles que, de acuerdo con los últimos informes del Ejército birmano, menos de 100 personas han perdido la vida en las operaciones militares que se están llevando a cabo contra la insurgencia rohingya en Rajine. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el número de víctimas sea mucho mayor, Htay ha garantizado que el Gobierno investigará los hechos.

Alrededor de 1,1 millones de rohingya viven en el norte de Birmania, en condiciones muy similares al Apartheid que sufrieron los negros en Sudáfrica hace años. La inmensa mayoría de los birmanos son budistas y de la etnia burma, por lo que consideran que los rohingya, que profesan la fe musulmana, son inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh, a pesar de que son un colectivo originario de Rajine.

La semana pasada, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Raad al Husein, acusó sin paliativos al Ejército de Birmania de cometer "espantosas atrocidades" contra la población rohingya, desde violaciones en masa hasta la ejecución de bebés, alegando que la campaña militar podría tratarse sencillamente de un "crimen contra la Humanidad".

El Gobierno birmano, liderado por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, prometió que investigaría en profundidad las alegaciones hechas en el informe. Hasta la fecha, las autoridades birmanas han negado en todo momento todas las acusaciones relacionadas con la gestión de la crisis en el estado de Rajine.

No obstante, el número creciente de pruebas que parecen demostrar que el Ejército ha estado abusando de la fuerza contra los rohingya pone a Suu Kyi en una situación muy delicada. La premio Nobel de la Paz no tiene ningún tipo de control sobre las fuerzas de seguridad, que continúan gozando de gran autonomía e influencia, pero sí controla los ministerios de Exteriores e Información, que han sido los que han determinado la respuesta de la opinión pública birmana a la situación en Rajine.

Suu Kyi ha sido muy criticada por sus aliados occidentales por su silencio ante las acusaciones contra el Ejército, lo que ha estropeado su imagen a nivel internacional tras años luchando pacíficamente desde la oposición contra la junta militar que gobernaba Birmania. De acuerdo con los expertos, si Suu Kyi alza la voz y se posiciona en contra del Ejército, la transición democrática de Birmania podría verse amenazada.

CONTANDO LOS FALLECIDOS

Verificar de forma independiente lo que está sucediendo en el estado de Rajine es extremadamente difícil, ya que los militares han bloqueado por completo todos los accesos a la región, localizada en el extremo noroeste de Birmania.

Uno de los altos cargos de Naciones Unidas entrevistados por Reuters ha asegurado que el informe del Alto Comisionado sólo muestra "la punta del iceberg". El documento está basado en entrevistas con 220 personas e imágenes obtenidas por satélite. La mayoría del informe se basa en los testimonios de familiares y conocidos de supuestas víctimas mortales cuyo fallecimiento no ha podido ser verificado.

Todos los entrevistados habían sido testigos de algún acto de brutalidad. Más de la mitad de las 101 mujeres consultadas declararon haber sido objeto de abusos o violaciones y, en general, todas describieron actos de una violencia inusitada.

No obstante, Reuters ha tenido acceso a otro informe de Naciones Unidas, un documento interno que no ha sido publicado en el que se alega que el número de víctimas mortales podría ser mucho mayor. El análisis interno redactado por trabajadores de la ONU se basa en los testimonios de más de 1.750 refugiados rohingya.

"POLÍTICA DEL TERROR"

El pasado 9 de octubre el Ejército birmano puso en marcha una operación militar en Rajine, motivado por un ataque contra un puesto fronterizo en la región que causó la muerte de nueve militares. Desde entonces, más de 69.000 rohingya han huido a Bangladesh.

El informe del Alto Comisionado ha calificado la campaña del Ejército birmano de ser "una calculada política del terror". Según los testigos entrevistados, los soldados birmanos han encerrado a centenares de rohingya en sus casas para luego quemarlas con ellos dentro, han llevado a cabo violaciones en grupo contra mujeres y menores y han perpetrado centenares de ejecuciones aleatorias contra civiles.

Una testigo ha llegado a declarar que su hijo de ocho meses fue degollado y otra que su hija de cinco años fue asesinada cuando intentaba impedir que violaran a su madre.

Jatun Hazera, una mujer de 35 años, explicó que varios soldados birmanos mataron a su marido después de torturarle. "Le dispararon y le dieron la vuelta a su cuerpo, lo arrastraron camino abajo y lo atravesaron con una espada. Luego empezaron a hacerse fotos con él", ha contado.

Naciones Unidas apunta que las conclusiones del informe arrojan, "con casi toda probabilidad", que el Ejército birmano ha cometido crímenes contra la Humanidad desde el inicio de la última fase de la campaña de exterminio contra los rohingya, documentada por ONG y países vecinos como Bangladesh o Malasia, que alcanzó su punto álgido a finales de 2016 y prosigue, aunque a menor escala e intensidad, en 2017.